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Cuenta Pública 2013

Cuenta Pública 2013

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Introducción 2013
I.- CIFRAS RELEVANTES
II.- GESTIÓN 2012
III.- PALABRAS FINALES

Introducción 2013

En primer lugar, me es muy grato informarles que esta actividad está siendo transmitida on line, a través de nuestra página web FiscalíadeChile.cl, por lo cual la comunidad en su conjunto podrá acceder en directo a esta Sexta Cuenta Pública, que realizamos en este Salón de Honor del ex Congreso Nacional, al que agradecemos el habernos facilitado sus dependencias.

Nuestra institución tiene a su cargo la dirección de la investigación criminal, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de víctimas y testigos. Dicha misión orientada al servicio de la justicia y de quienes formamos parte de este país, marcó el 2012, un año de definiciones, de generación de nuevos procesos de trabajo más eficientes al interior de todas las Fiscalías Regionales y de la Fiscalía Nacional.

La gestión desarrollada por el Ministerio Público durante el año pasado ha estado marcada por una significativa concreción de las directrices impartidas por el Plan Estratégico Institucional, vigente desde 2009 y que contempla lineamientos y objetivos estratégicos, así como servicios y proyectos. Esta carta de navegación tiende principalmente a potenciar la gestión del órgano persecutor tanto en su aspecto jurídico como en el administrativo y el de atención a víctimas y testigos, contribuyendo a la consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho.

En este sentido, la mejor forma de dar a conocer estos significativos avances es a través de las Cifras Relevantes, un ejercicio de transparencia de la realidad y evidencia empírica que da cuenta, desde una perspectiva cuantitativa, del trabajo y esfuerzo desplegado por los funcionarios y fiscales que integran esta Institución. Y también a través de los logros alcanzados por el Ministerio Público que se vinculan directamente con nuestra visión institucional consistente en alcanzar la excelencia. .

I.- CIFRAS RELEVANTES

La Fiscalía de Chile ha registrado un máximo histórico en años anteriores en cifras relevantes, enfrentadas gracias a una mejor gestión y labor exhaustiva de fiscales y funcionarios, en un esfuerzo que beneficia a los millones de usuarios del sistema.

Los delitos que registraron las mayores alzas respecto de 2011 fueron el uso fraudulento de tarjetas de crédito, el abuso sexual contra menores de 14 años y el microtráfico. En estos y en otros delitos el Ministerio Público ha puesto una enorme dedicación y fuerza por mejorar progresivamente la eficiencia de la persecución penal, lo que ha dado sus frutos estos últimos años, reflejándose en las estadísticas nacionales y regionales.

Si comparamos el año 2012 con el 2006 (-primer período anual con vigencia de la Reforma Procesal Penal en todo el país-), observamos un incremento de un 40% en el volumen de denuncias recibidas por esta Institución, tal como se grafica en la imagen que observan.

A pesar de este significativo incremento en el volumen de denuncias, y de disponer prácticamente de los mismos recursos previstos al inicio de la implementación de la reforma procesal penal en nuestro país, y los existentes ese 2006, la Fiscalía de Chile logró disminuir en 2012 los archivos provisionales a 44,55% (45.989 menos que en 2011). Esta baja se concentró principalmente en regiones y en cifras cercanas al 30%, muy por debajo del promedio nacional, donde destacan las Fiscalías de O`Higgins, Magallanes, Aysén y Los Lagos.
Estamos conscientes que cada vez que un compatriota recibe una carta del ministerio Público, informándole que su causa ha sido archivada y no obstante que esa medida sea "provisional" a la espera de mayores antecedentes (institución similar al sobreseimiento temporal por dicha razón en el antiguo sistema, pero con la diferencia que la víctima ahora tiene conocimiento prontamente), lo que genera a veces sensación de desesperanza. Nosotros estamos haciendo todos nuestros esfuerzos por seguir disminuyendo esa sensación.
Durante 2012 hubo 8.533 juicios orales, siendo los robos, drogas y delitos sexuales los que representan el 60% del total de ilícitos que son llevados a este procedimiento.
En este contexto, las sentencias condenatorias aumentaron a 82,2%. Según el balance anual, durante 2012 se aplicaron cerca de un millón 790 mil términos en todo Chile. En cuanto a los términos judiciales, es decir aquellos casos que concluyeron con intervención de un juez, se observa un incremento sostenido a través de los años. Las salidas judiciales aumentaron a 43,11% respecto del total de los términos (en 2011 fue de 41,87%). De ese universo, las Sentencias Definitivas Condenatorias representan el 31,3%, las Suspensiones Condicionales del procedimiento un 42,4%, mientras que los Acuerdos Reparatorios un 4,5%.

Más de 10 millones de casos ha recibido el Ministerio Público en los 12 años de vigencia de la Reforma Procesal Penal, lo que constituye un record, toda vez que cuando comenzó la reforma las proyecciones cifraban los ingresos en 800 mil causas anuales. Hoy ese número es de más de un millón 300 mil. De hecho, el promedio anual de ingresos, si lo dividimos por la cantidad de fiscales, da un promedio por fiscal el año 2012 de 2046, número muy superior a 1250 casos, que se proyectó cuando fue diseñado el nuevo sistema de justicia. Este aumento contrasta con el prácticamente nulo incremento de la dotación de fiscales y funcionarios del Ministerio Público.

Sobre este tema volveré, brevemente, en la parte final de estas palabras. Dentro de nuestras estadísticas también destaca que los fiscales han tenido que incrementar su presencia en los Juzgados de Garantía, ya que las Audiencias de Control de Detención han percibido un sostenido aumento en estos últimos seis años, del orden del 168%. El año 2012 fueron 243.559, 8.383 más que en 2011.
Asimismo, una reciente norma legal, ha facultado al Poder Judicial para trasladar temporalmente a jueces a tribunales de otra jurisdicción, allí donde se pueden requerir, y ello está muy bien. La dificultad es que ha generado, en diversas ciudades, que se constituyan más Salas abiertas por tribunal, conociendo asuntos en forma simultánea, en circunstancias que el Ministerio Público, amén de la falta de fiscales, no tiene la misma flexibilidad legal para trasladarlos.
En cuanto al presupuesto del Ministerio Público, este ascendió a 115.235.241 pesos en el año 2012, de los cuales su ejecución final llegó a 114.189.974, correspondientes a un 99,1% en bienes de consumo y gastos de personal.

Nuestra cartera de inversión en infraestructura permitió desarrollar 30 proyectos. Para su materialización, se contó con un marco presupuestario aprobado de 6.694.632.000. Dentro de los proyectos relevantes destacan los estudios para el diseño de la Fiscalía Regional Occidente y Local de Maipú.
La etapa de diseño del edificio institucional de la Fiscalía Nacional avanzó en el 2012 de acuerdo a lo programado. De hecho, en julio de este año esperamos materializar el llamado de ejecución, que comprometerá una superficie total de 13.124 m2, confiando en poner la primera piedra a fines del presente año.
Durante el año 2012 la dotación de fiscales y funcionarios fue provista en un 99,3%, respecto de la dotación total autorizada por ley, la que es de 3.787 cargos (647 Fiscales, 18 Fiscales Regionales, el Fiscal Nacional y 3.121 funcionarios).
Se reemplazaron temporalmente casi en su totalidad las funcionarias que hicieron uso de licencia maternal por un período máximo de 120 días o 200 días, por Permiso Post-Natal Parental en jornada completa.
La ejecución del gasto en personal, específicamente en materia de remuneraciones anual, fue de un 99,92%, correspondiente a un monto total de M$ 77.287.499.062.

II.- GESTIÓN 2012

El año recién pasado se gestionaron una serie de proyectos e iniciativas tendientes a potenciar el desarrollo del Ministerio Público. Entre ellas la Tramitación de Casos Menos Complejos (TCMC), modelo que potencia una administración eficiente de los recursos disponibles, al definir equipos de trabajo diferenciados de acuerdo al grado de complejidad de las investigaciones.
Esta forma de trabajo, ha ordenado la gestión jurídico-administrativa, ha evitado el colapso institucional y ha permitido destinar recursos para atender investigaciones de gran complejidad, como los casos La Polar, SHOA, Comisión Nacional de Acreditación-Universidad del Mar y la persecución frontal a la delincuencia de cuello y corbata, que generan en la población una enorme frustración por la aparente impunidad que podría beneficiar a los llamados "poderosos". Lo he dicho en reiteradas ocasiones: los ciudadanos se ven defraudados en sus expectativas cuando se escamotean sus derechos por un fraude, un cohecho o una estafa. Este fenómeno lo hemos visto en forma palpable en las irregularidades investigadas en algunas universidades, entidades públicas o que involucran grandes enpresas.
Y como nos debemos a las victimas, hemos avanzado en el Sistema de Información y Atención a Usuarios, SIAU, cuyo único objetivo es mejorar la atención que esta Institución brinda. Este sistema tiene tres espacios de atención relevantes: el presencial en todas las fiscalías locales del país-; el telefónico – a través de nuestro Call Center 600 333 0000 -; y el virtual –a través de nuestra página web-. Pero la Fiscalía, por medio del SIAU, además de entregar atención a víctimas y testigos, otorga servicios a otros usuarios, tales como público general, imputados y abogados.
Respecto de los abogados, desde la implementación de este modelo de trabajo, en abril de 2012 hasta marzo de 2013, 18.532 requerimientos fueron realizados por abogados presencialmente en las Fiscalías que operan con SIAU, lo que corresponde al 37% del total de solicitudes. De éstas, el 90% han sido resueltas por la Fiscalía en 2 días y el 64% ha sido comunicada directamente al abogado dentro de un día.

En este mismo sentido, la Fiscalía también ha implementado módulos de autoatención para abogados en 47 Fiscalías Locales del país, permitiendo, por medio de esta herramienta informática, que puedan obtener directa y personalmente información relevante de las causas en las que son intervinientes. En 5 meses de operación, los abogados han realizado 4.692 consultas a través de este soporte.

El SIAU, actualmente está implementado en 28 Fiscalías Locales, y en el mes de octubre de este año, imputados y abogados serán incorporados como usuarios al servicio call center. En la RM ya está implementado en Ñuñoa, Chacabuco, Maipú; Pudahuel; Curacaví y San Miguel( espacio telefónico y presencial).

UNIDADES ESPECIALIZADAS-ULDDECO
Durante el 2012 la Fiscalía continuó la tendencia de años poner un fuerte énfasis en la investigación y persecución penal del delito de lavado de dinero. Se iniciaron 81 investigaciones por este tipo penal, de las cuales 12 fueron judicializadas, habiéndose formalizado a 32 personas.
Se dictaron un total de 16 sentencias ejecutoriadas, de las cuales 10 fueron condenatorias y se dirigieron contra 26 personas. De ellas, 15 tenían como delito base o precedente el tráfico de drogas y una el delito de obtención fraudulenta de créditos.
Estas sentencias, unidas a las de años anteriores suman una cincuentena, y sólo han sido posibles por el trabajo esforzado de fiscales y equipos, unido a la importante labor de la UAF y el auxilio de ambas policías. Pero para ser más eficientes en el lavado de dinero creemos que, como Estado, se debe aprobar el proyecto de ley que reforma la Ley Nº 19.913, importante reforma a nuestro sistema contra el lavado de dinero, que creará un impacto muy concreto en la prevención, detección, investigación y sanción de este delito, propendiendo en definitiva al comiso de las ganancias obtenidas ilícitamente y al castigo de sus culpables. Por ello, hacemos notar al Poder Ejecutivo y al Congreso lo conveniente que se dé una pronta conclusión legislativa a esta iniciativa, que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
En lo referente al Crimen Organizado, la Ley Nº 20.507, de abril de 2011 modificó sustancialmente nuestra legislación relativa a los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes, incorporando nuevos delitos en el Código Penal.
En 2012 se dictaron las dos primeras sentencias en juicio oral por los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes, producto de las cuales se condenó a los miembros de dos organizaciones ilícitas, una de ellas dedicada a ingresar ilegalmente a ciudadanos dominicanos a nuestro país y la otra a ingresar mujeres para que se dedicaran a la prostitución o para su explotación sexual. También se registraron dos sentencias condenatorias por el delito de tráfico de migrantes, resultando condenados los acusados de ingresar ilegalmente a nuestro país a ciudadanos peruanos y a haitianos.
La persecución penal del delito de asociación ilícita del Código Penal, destinada a desbaratar organizaciones, continúa presentando éxitos en aquellas dedicadas al robo, como el caso Eternia, investigación formalizada contra los miembros de una organización que robaba cajeros automáticos.
Respecto de los delitos terroristas, la respuesta del Estado debe ser enérgica, sin importar la calidad de sus autores, por lo que es imprescindible que, como lo hemos sostenido ya en al menos dos Cuentas Públicas anteriores, se reforme la Ley Nº 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, cumpliendo los estándares internacionales y modernizándola en particular mediante la inclusión de técnicas especiales de investigación que permitan una adecuada investigación del delito e identificación de sus autores.
En el ámbito de los delitos económicos, estos experimentaron un aumento de 9% en comparación al año anterior, subiendo de 61.413 a 66.865 ingresos. También experimentó un alza el delito de contrabando en un 30%. Sobresale en este tipo de delitos, la falsificación y uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito, que aumentó en un 121%. Un episodio sin precedentes fue el fraude masivo que afectó a cerca de 2000 personas en la región de la Araucanía.
Los términos judiciales en esta materia también experimentaron un aumento de un 25% en relación al 2012, esfuerzo que, tratándose de delitos de índole patrimonial, generalmente significa una reparación efectiva de los detrimentos sufridos por la víctima.
En relación con los delitos informáticos es necesario crear nuevas figuras que sancionen específicamente el fraude informático, ya que actualmente para este tipo de ilícitos se aplican las antiguas figuras de estafa que vienen de la primera redacción del Código Penal.
En reiteradas ocasiones hemos advertido acerca de la necesidad que nuestro país adhiera al Convenio de Budapest sobre cibercriminalidad, en especial por los expeditos caminos de cooperación internacional que dicho instrumento contempla, atribuciones fundamentales para enfrentar con éxito este tipo de delitos para el cual no existen fronteras.
En cuanto a los delitos medioambientales, se destaca el cumplimiento efectivo de las condiciones impuestas a los imputados para lograr una SCP, en el caso del derrame de petróleo en la bahía de San Vicente, Región de Biobío, que significó la construcción de un muelle pasarela de más de 50 millones de dólares y la construcción de un centro de avifauna con un costo cercano a los 300 millones de pesos. Con este tipo de medidas se logra un efectivo resarcimiento a nuestro patrimonio natural.
Finalmente respecto a los temas de este acápite y, en los delitos contra la salud pública, la Fiscalía logró un una resolución judicial sin precedentes al lograr la condena de cuatro acusados en el denominado caso ADN. Dicho juicio se extendió por más de 7 meses durante el cual los Fiscales lograron convencer al Tribunal que los imputados incurrieron en delitos que afectaron la salud pública, sentencia que debe tener un efecto preventivo para alertar a quienes incurran en este tipo de actos que pongan en riesgo a nuestra población, especialmente a los más vulnerables, para que tengan presente que la Fiscalía perseguirá con firmeza y convicción este tipo de hechos.

DROGAS
Como consecuencia de la persecución penal de los delitos de la ley de drogas, en 2012 se iniciaron 19.810 investigaciones, lo que representa un aumento del 7.6% respecto del año anterior. Fueron formalizados 16.135 imputados, aumentando respecto del año 2011, un 6.5%. Se realizaron 1.690 juicios orales; y se obtuvo condenas a 13.503 imputados.
Se incautaron más de 10 toneladas de cocaína en sus diferentes formas, más de 9 toneladas de marihuana prensada y 164 mil plantas de marihuana.
Adicionalmente, se incautaron 1.156 millones de pesos, lo que representa un aumento del 40% respecto al ingreso del dinero incautado en 2011, lo que demuestra también una clara orientación en la persecución de los beneficios patrimoniales provenientes de esta actividad delictual.
Como criterio de persecución, hemos sostenido la importancia que, fenómenos delictuales complejos como el tráfico ilícito de drogas, sean ser abordados integralmente, desde la perspectiva de desarticular las bases mismas que promueven y facilitan este delito. A nivel nacional se logró la interrupción de 43 internaciones de droga con cargamentos superiores a 100 kilos, desarticulando a las respectivas organizaciones importadoras, lo que representa casi un 20% (19,4%) más que el 2011 y que evidencia el trabajo destinado a anular la capacidad de las organizaciones criminales de internar droga en el país.
Por mencionar algunos casos, en una investigación conducida por la Fiscalía Regional de Antofagasta fueron incautados 853 kilos de droga y en dos investigaciones de la Fiscalía Metropolitana Sur: 500 kilos y 1.771 kilos de droga respectivamente, constituyendo esta última, una de las incautaciones de droga más grande realizada en los últimos años.
Este esfuerzo demuestra un gran trabajo investigativo y mancomunado con las policías. Sin embargo, dicha labor no puede ser medido por la cantidad de kilos incautados ni por la cantidad de detenidos. Resulta fundamental que, en el tiempo inmediato, los objetivos y metas policiales sean definidos en sintonía y, completamente alineados, con los objetivos y el sentido de la persecución penal.
En febrero y noviembre del año pasado, las Fiscalías Regionales de Tarapacá y del Libertador Bernardo O'Higgins, obtuvieron las primeras condenas en sus respectivas regiones por asociación ilícita para el tráfico de drogas contra dos importantes organizaciones criminales, y en enero, la Fiscalía Regional de Valparaíso, consiguió la condena de 17 integrantes de una organización transnacional, que había logrado internar cerca de 2 toneladas y media de drogas el año 2009, cuya desarticulación es simultánea con la organización proveedora, que operaba en Argentina, en un trabajo conjunto con las instituciones de control de dicho país.
A partir de este año, la Fiscalía de Chile ha reformulado su política de persecución del tráfico ilícito de drogas que, manteniendo el eje de los últimos años, es decir, la persecución tanto a la organización criminal como al microtráfico, buscará incidir en la reducción de la oferta y en la disminución de la disponibilidad de droga, colaborando de esta forma con las políticas estatales de reducción de demanda.
En el día de mañana se firmará un convenio con el Ministerio del Interior y ambas policías, en esta materia y sobre la base de esas ideas centrales. Amén de ello, y sobre la base de los ejes de integralidad, autonomía y profundidad del trabajo de los fiscales de drogas, aspiramos a una intensificación de la respuesta penal, visualizándose como indispensable para dicho propósito la elaboración de un mapa del narcotráfico, cuyo objetivo es guiar la acción de la Fiscalía de Chile, hacia la definición de objetivos y blancos específicos que operan en nuestro territorio, tarea en la que ya nos encontramos abocados.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS
El 2012, un total de 82 mil 782 víctimas y testigos (15.486 más que en 2011) que declararon o denunciaron directamente en las fiscalías, fueron atendidos en las fiscalías del país, lo que constituye un récor para nuestra gestión, orientada a proteger y apoyar a las víctimas.
Algunas de ellas están en este salón, por lo que quiero reiterarles mi agradecimiento por su resistencia y valor demostrado. Sin ustedes, nuestro trabajo no tendría sentido y sin ustedes, la labor de los fiscales no podría concretarse. Mencionaré algunos casos y personas víctimas concretas.
Así, en primer lugar, me gustaría celebrar la gestión de la Fiscalía del Biobío que logró que la Corte de Apelaciones de Concepción anulara el primer juicio en el caso Alto Río y que trabajará con la plena convicción para que en el segundo juicio el tribunal determine la culpabilidad de los ocho acusados.
Señora Verónica Riquelme, señores Cristian Leyton y Miguel Riquelme, la Fiscalía continuará haciendo todo lo que esté de nuestra parte para alcanzar una condena que en algo pueda aminorar los terribles momentos y el desgaste que han debido sufrir en estos tres años.
También quiero destacar la condena de presidio perpetuo calificado conseguida por la Fiscalía Regional de Valparaíso en el triple homicidio de Peñablanca. Señora Olivia, señor Miguel Segovia, señor Julio Valenzuela, hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para que estos alevosos crímenes de su hermana y madre sean castigados.
Gracias por la comprensión en esta tarea difícil y muchas veces lenta, pero que finalmente nos llena de satisfacción cuando alcanzamos sanciones ejemplificadoras para nuestra comunidad.
Desde 2008, la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional viene desarrollando el modelo OPA, que orienta a víctimas y testigos que concurren a la Fiscalía, los protege, en función de los resultados de evaluaciones de intimidación y/o riesgo que se aplican en cada caso; y los apoya durante el proceso penal y, especialmente, en su participación en los Juicios Orales.
Para las víctimas menores de edad de delitos sexuales y/o en contexto de violencia intrafamiliar, este modelo ha permitido entregar una atención especializada a los niños, niñas y adolescentes. Los denunciantes y los adultos protectores son contactados por nuestros profesionales, se implementan las medidas de protección necesarias, se entrega orientación especializada y se deriva a la red pública o privada para el acceso a la atención reparatoria.
En 2012 fueron derivados a las URAVITs para atención especializada 32.327 menores víctimas de estos delitos, aplicándose una pauta para evaluar su situación de riesgo o vulnerabilidad en 24.653 casos, de los cuales 15.016 fueron aplicadas dentro de las primeras 72 horas desde recepcionado el caso.
Además de las 13.175 víctimas de Violencia Intrafamiliar y 32.327 menores de edad víctimas de delitos sexuales o en contexto VIF, durante 2012 fueron derivados a estas Unidades también para su atención especializada 14.196 víctimas y testigos para apoyo o preparación para juicio oral; y 19.336 víctimas y testigos para atención especializada por intimidación alta, o por tratarse de delitos sexuales, homicidios u otros motivos.
Durante el año 2012 se realizaron más de 87.000 prestaciones financiadas con el Fondo de Aportes Económicos para la protección y apoyo de víctimas y testigos, con un gasto ejecutado del 98.3% equivalente a $1.697.798.733 pesos.

RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE
El año 2012 nuestra institución recibió 51.862 delitos en que tuvieron participación 56.140 adolescentes, lo que representa un 3,9% del total de denuncias. Y aunque solo el 2,8 % de esos imputados quedó sometido a la medida cautelar de internación provisoria por hechos de especial gravedad, no se pueden desconocer los devastadores efectos sociales que provoca la participación reiterada de adolescentes en hechos delictuales, especialmente porque algunos pasarán a integrar el núcleo más duro y rebelde de la delincuencia que debemos combatir, una vez cumplida la mayoría de edad. Al realizar un análisis de las edades de los imputados adolescentes, un 68% de ellos tiene sobre 16 años de edad, lo que da cuenta que dos tercios de la población adolescente que comete delitos, lo hace en el tramo superior, próximos a la adultez.
El total de imputados adolescentes sometidos a la medida cautelar de Internación Provisoria alcanzó a 1.574 representando, como dije, el 2.8% del total de imputados adolescentes ingresados, lo que demuestra un uso racional de esta medida cautelar, que en definitiva, se reserva para aquellos delitos más graves.
De los términos, las salidas judiciales en Responsabilidad Penal Adolescente alcanzan un 65% de los casos –muy por encima del total nacional de salidas judiciales, que llegan a un 43%-. De este universo de salidas judiciales, un 50% corresponde a Suspensiones Condicionales del Procedimiento. Podemos desprender de ello, que la Fiscalía intenta dar una respuesta diferenciada, poco invasiva, orientada a recuperar al adolescente infractor, procurando asegurar su adecuada reinserción a través de medidas socioeducativas orientadas a la responsabilización del adolescente.
Sin embargo, observamos una fuerte frustración social que se asocia frecuentemente a la incapacidad de los instrumentos legales para frenar o interrumpir el inicio o la continuación de actividades delictivas de jóvenes que presentan altos grados de desprotección social.
Por lo tanto, los anuncios de reformas legales a la Ley Nº 20.084 deben hacerse cargo de esta preocupación a través de propuestas de mayor calado que tengan como fin último abordar precozmente la reincidencia juvenil.
En este sentido, el consumo de drogas y alcohol ligado a la comisión de estos delitos, como variable relevante en la alta tasa de reincidencia juvenil, debe ser abordado mediante el uso más intensivo de las suspensiones condicionales del procedimiento con contenidos rehabilitadores; la mayor utilización de la sanción accesoria destinada a tratar a adolescentes con adicciones, y la existencia de una oferta programática más amplia, que cuente con planes de intervención psicosocial validados y efectivos, con profesionales altamente especializados, y con centros que reúnan las condiciones mínimas en infraestructura, escolarización y formación laboral.
Simultáneamente, la situación de cientos de adolescentes con múltiples condenas, algunas incompatibles entre sí, requiere de urgente atención por la vía de crear una regla de unificación de penas.
El sistema de ejecución de sanciones debe ser reformado potenciando el real seguimiento y control de las sanciones impuestas, y estableciendo criterios claros y objetivos para decretar judicialmente el quebrantamiento y la sustitución de sanciones. De esta forma, el sistema de justicia podría enfrentar adecuadamente casos en que menores ostentan decenas de condenas, evidenciando así ciertos grados de impunidad y graves falencias de la ley que deben ser superados.

DELITOS VIOLENTOS
El año 2012 se instruyó a la Unidad Especializada de Delitos Violentos hacer frente a los archivos provisionales que se adoptan particularmente en los delitos de Robo y disminuir la tasa de imputados desconocidos.
Para alcanzar dichos objetivos se desarrolló un manual de primeras diligencias en materia de Robos y se realizó un protocolo único para el reconocimiento de imputados, sobre la base del trabajo con ambas policías y un trabajo que se había hecho el año pasado con la participación de la Fundación Paz Ciudadana. Hoy falta la última revisión por parte de la PDI, para que lo pongamos en vigor.
También se consideró indispensable potenciar las herramientas científicas para potenciar el poblamiento del registro de evidencias y antecedentes del Registro Nacional de ADN, creado por la Ley Nº 19.970 -conocida como ley de Huella genética ADN-, con la finalidad de identificar a aquellas personas que hubieren intervenido en la ejecución de un delito.
Durante 2012, los ingresos totales en delitos violentos alcanzaron aproximadamente los 262.000 casos, de los cuales los más comunes son las Lesiones con 175.218 ingresos que representan un 13%; los Robos Violentos con 85.203 ingresos que representan un 6.3% del total de ingresos y los Homicidios que alcanzaron 1.320.
El 3 de marzo de 2012, la brutal golpiza motivada por la orientación sexual del joven Daniel Zamudio generó en el país un gran impacto social, razón por la cual su deceso contribuyó a acelerar la tramitación de la llamada Ley Antidiscriminación. A principios de marzo de este año la FRCN anunció el cierre de la investigación, en la cual solicitó enérgicas penas, incluyendo una de presidio perpetuo para la persona que se perfila como el principal responsable del homicidio calificado.
Tal como lo afirmamos hace un año, reitero, vamos a perseguir penalmente a los discriminadores y asesinos y la ciudadanía debe tener la certeza que los fiscales harán todo lo posible por condenar a los responsables de este cruel asesinato, que nos debe avergonzar como sociedad. No puede ser que, en pleno siglo XXI, el grado de intolerancia lleve a algunos a cometer este tipo de crímenes.

CORRUPCIÓN
Las investigaciones por delitos de corrupción representan una de las áreas más complejas y difíciles de abordar por parte de la Fiscalía de Chile. Según las estadísticas, representan un 0,1 por ciento del total de denuncias recibidas en 2012, con 1.362 investigaciones iniciadas durante el año.
Al nivel de términos de estas causas, en 2012 se finalizaron 1.595 casos, existiendo un aumento de 5,5% en comparación con 2011.
Esta cifra del 0,1 por ciento de ingresos no es representativa de las dificultades que implica investigar estos delitos, que presentan mayores tiempos promedio de tramitación de casos, como tampoco de la repercusión que suelen tener.
El tiempo que tarda la investigación y enjuiciamiento de los delitos de corrupción es un promedio de 538 días. Y en las salidas no judiciales, el promedio es de 278 días, el segundo promedio más lento después de los homicidios.
Como anticipé, los números tampoco dan cuenta de la relevancia de la resolución de este tipo de casos, lo que se demuestra con la pública, notoria y amplia cobertura de prensa que generan las investigaciones por delitos de corrupción.
Dentro de los principales logros de este 2012, destaca el término de la investigación contra un ex parlamentario, condenado en un procedimiento abreviado por el delito de fraude al Fisco por haber desviado asignaciones parlamentarias destinadas al financiamiento de sus sedes distritales, a fines personales o particulares.
Producto de las obligaciones asumidas por Chile al firmar la Convención contra el Cohecho a Funcionario Público Extranjero de la OCDE, en 2012 se produjo la primera e histórica formalización respecto de una EMPRESA, en la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, en conformidad con la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Este caso es conocido como el de corrupción en la Municipalidad de Arica, en el que actualmente tres personas permanecen en prisión preventiva, entre ellos un ex alcalde. Y del Concejo Municipal, seis de ocho concejales fueron formalizados.
También en la ciudadanía ha impactado fuertemente el caso conocido como de "las universidades", donde se formalizó a dos ex Rectores de instituciones de Educación Superior y al ex presidente del Consejo Nacional de Acreditación. Si bien los problemas de la educación en el país, que han sido objeto de diversas manifestaciones sociales y de un amplio y transversal debate, son un tema cuyas múltiples aristas exceden la labor de persecución criminal de la Fiscalía de Chile, sentimos que hemos hecho un aporte a la comunidad nacional con las investigaciones penales en curso, pues más allá de sus resultados finales, se ha contribuido a que se conozca y transparente información y develar la eventual comisión de delitos que, de seguro, ayudarán a las autoridades competentes a adoptar las decisiones político-educacionales que estimen pertinentes en aras de mejorar la educación de todos los niños y jóvenes de nuestro país.
Aquí es necesario recordar que el año pasado fue presentado al Congreso Nacional el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público que, junto al imprescindible aumento en la dotación de funcionarios y fiscales y la creación de una verdadera carrera funcionaria para éstos y aquéllos, debe contemplar la creación de una fiscalía que se haría cargo de las investigaciones de alta complejidad, con equipos altamente especializados, multidisciplinarios y que permitirían enfrentar fenómenos graves como el lavado de activos y la corrupción de manera preferente y eficaz, idea que inclusive se contempló como una posibilidad dentro del Plan Chile Seguro del Ejecutivo. Esperamos que nuestras autoridades colegisladoras puedan revisar, aumentar y aprobar a la brevedad posible el proyecto de ley que el Supremo Gobierno, envió el 2 de Mayo del 2012, cuyo ingreso al Congreso en su oportunidad valoramos, aunque expresamos que era insuficiente.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Al nivel de Cooperación Internacional, en 2012 se observó un incremento general del 26% en materia de requerimientos de asistencia penal internacional, dándose tramitación a 746 solicitudes, 169 más que el año 2011.
El mayor aumento se dio al nivel de las extradiciones pasivas, con un alza equivalente al 200%, lo que significó asumir, por abogados de esta Unidad de Apoyo de la Fiscalía Nacional, 107 audiencias ante la Corte Suprema. Así, el Ministerio Público logró –en representación según la ley de los estados requirentes- obtener el 96.3% de sentencias favorables.
Un hito importante ocurrió en marzo de 2012. En mi condición de Fiscal Nacional, dirigí múltiples solicitudes de asistencia penal internacional a Bolivia, requiriendo la restitución de vehículos chilenos robados que se encontraban en ese país. Tras un año y medio de intensas gestiones y con el decidido apoyo del señor Ministro del Interior y sus equipos; Cancillería; Carabineros; Servicio Nacional de Aduanas, Registro Civil, Servicio Agrícola y Ganadero y la Superintendencia de Bancos, fue posible una primera devolución correspondiente a 252 vehículos.
Esta acción decidida contra el robo de autos, y en un intento por evitar que las víctimas se viesen perjudicadas por la Ley de Saneamiento de Vehículos Indocumentados promulgada en Bolivia, comenzó incluso antes en septiembre de 2011 al iniciar la Fiscalía Nacional una serie de tareas para lograr la restitución internacional de los vehículos robados que se encontraban en Bolivia, enviando como se anticipó a la Justicia de ese país un total de 33 requerimientos de asistencia internacional, en los cuales se invocaron al menos siete tratados.
Tras 17 meses de gestión y reiteradas solicitudes, se concretó a partir la señalada devolución de 252 vehículos.
Lo dije en su oportunidad cuando me correspondió viajar hasta Arica para devolver 11 vehículos a víctimas de esa ciudad: perseguiremos estos delitos con la mayor fuerza, aunque traspasen las fronteras de nuestro país. Confiamos que, durante este primer semestre, Bolivia devuelva 558 vehículos ya ubicados, de un total de 1489, cuyo retorno hemos solicitado.
Como una forma de facilitar a las víctimas la búsqueda de su vehículo entre los ya devueltos, la Fiscalía Nacional habilitó en su sitio web www.fiscaliadechile.cl un apartado con todos los antecedentes de la restitución, además de una herramienta de búsqueda donde la víctima puede ingresar el número de patente, motor o chasis, y así verificar si su vehículo es parte de los retornados al país.
Desde abril de este año, los vehículos cuyas causas penales no pertenecen a la Región de Arica y Parinacota, comenzaron su traslado a las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O`Higgins, para luego ser entregados a sus respectivos dueños.

DELITOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Los delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) presentan particularidades que los hacen distintos a la delincuencia tradicional y obedecen a múltiples factores, como el hecho de ser, tanto víctima como victimario, sujetos ligados por lazos afectivos, económicos, familiares y/o legales, donde el fenómeno de la retractación tiene una alta ocurrencia.
Esta característica hace que la investigación de estos delitos presente particulares complejidades, razón por la cual el Ministerio Público ha efectuado esfuerzos por advertir estas dificultades tanto en las etapas previas al juicio oral, como durante el mismo.
El total de estos ilícitos ingresados durante el año 2012 fue de 138.721 (es decir, el 10% de nuestros ingresos totales). Y las víctimas de delitos de violencia intrafamiliar ingresadas por género corresponden a un 79% de mujeres y un 21% a varones.
En relación al delito de femicidio, figura de nueva data, cabe mencionar que durante el año recién pasado se llevaron a juicio oral una veintena de investigaciones por femicidio, que manifiesta la forma más extrema de violencia de pareja. Condenas relevantes en la materia son el presidio perpetuo a que fue condenado en Temuco el acusado que estranguló y posteriormente descuartizó a su conviviente. Igualmente relevante es una condena a presidio perpetuo calificado dictada por el Tribunal Oral de Valparaíso.
En materia legislativa, resulta destacable la iniciativa adoptada en 2012 por la Comisión respectiva del Congreso Nacional en orden a refundir todos los proyectos de ley que se tramitaban sobre la materia, de tal forma que este Fiscal expresó su opinión respecto de todas las iniciativas y confiamos en que ellas sean bien acogidas. Finalmente, muy relacionado con la VIF, pero con alcances generales al sistema de medidas cautelares y control de las condiciones por cumplir en el caso de una Suspensión Condicional del Procedimiento, insistimos en que el brazalete u otra forma de monitoreo electrónico se utilice también en las medidas cautelares o condiciones impuestas, incluso en muchos casos reemplazando a la Prisión Preventiva y no sólo en el contexto de personas condenadas, como beneficio de la reformada Ley Nº 18.216. Creo que sería conveniente que se abordara, desde ya, el uso de estas tecnologías en ciertas materias, como en la prohibición de acercarse a la víctima dentro de la VIF, o la prohibición de entrar a un recinto educacional a un imputado por abuso sexual. Amén de ello, me parece que todavía es más barato para el Estado utilizar estos aparatos que mantener a un imputado preso, dentro de una atiborrada cárcel. Y el costo económico no es la única variable por considerar.
Como ejemplo, de esta posibilidad, autoricé responsablemente hace casi tres años que se usara el "monitoreo electrónico" en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Pudimos contar con la aquiescencia de tres defensores privados y sus representados (y –afortunadamente- la comprensión del Juzgado de Garantía respectivo) para, evitando la prisión preventiva, sujetarlos al uso de aparatos remotos. En los tres casos no se violó la cautelar y/o la condición.
Lo anterior, obviamente sin perjuicio de que se evalúe por quién corresponda como va resultando su utilización en la Ley 18.216, pero creo que –evitando estigmatizar al imputado y con discreción- se debe implementar este sistema durante el procedimiento. Es notable el avance conseguido por la labor del Ministerio de Justicia y del Parlamento, pero insisto en la conveniencia de lo expuesto.

DELITOS SEXUALES
El año 2012 se vio marcado por el aumento de denuncias de delitos sexuales. En esta categoría, 13.540 corresponde a imputados conocidos y 9.243, a imputados desconocidos, lo que, en total, suman 22.783 ingresos durante el 2012. Dicho de otro modo, se registró un aumento de un 7,6%, es decir 1.607 casos más que en 2011. Hubo 1079 juicios orales por este tipo de delitos, siendo las regiones de Los Ríos, Magallanes, El Maule y Los Lagos, las que registraron la mayor cantidad de estos juicios. Lamentablemente, durante el año recién pasado el "Abuso Sexual de menor de 14 años" fue un ilícito que evidenció un fuerte incremento, de 31,5%, es decir de 4.970 denuncias pasamos a 6.537. Y fueron alrededor de 500 establecimientos educacionales, los que presentan investigaciones de este tipo. La cifra incluye también a personas que tienen alguna relación tangencial con los colegios, como vendedores o movilizadores.
En este tema que remeció a toda la sociedad el año 2012, quiero ser categórico: La ciudadanía debe tener la seguridad de que como Fiscalía nos preocupa muy especialmente el delito sexual cometido contra un menor de edad, la investigación acuciosa del mismo, y el respeto por las garantías, pero por sobre todo, la protección de las víctimas que son niños o niñas. Hemos combatido frontalmente este tipo de delitos y lo seguiremos haciendo, pues el abuso sexual constituye una experiencia traumática y es vivida por la víctima como un atentado contra su integridad física y sicológica.
Actualmente estos ilícitos se han hecho más visibles en nuestra sociedad, sin embargo teniendo presente que los delitos sexuales contra menores abarcan un amplio espectro de conductas, evidenciamos la necesidad de avanzar en materia legislativa, a fin de poder abordar integralmente el fenómeno, de manera que haya una respuesta adecuada de los órganos del Estado. Lo anterior se ve reflejado en los 16 proyectos de Ley que en materia de delitos sexuales, se presentaron en 2012 ante el Congreso Nacional. Frente a estas iniciativas, propongo refundir los actuales proyectos que se tramitan ante el Congreso y darles un tratamiento orgánico, con una mirada integral. En el Código Penal, los proyectos de ley dicen relación con el aumento de penas; la imprescriptibilidad de los delitos sexuales; circunstancias modificatorias; la ampliación de inhabilidades y modificaciones de algunos tipos penales.
En materia de penas sustitutivas conforme a la ley 18.216, propongo su modificación en orden a restringir su aplicación en caso de condenados por delitos sexuales, de tal manera de garantizar la adecuada protección de las víctimas por este tipo de delitos. En esta misma línea son necesarias las restricciones a la eliminación de las anotaciones penales, respecto de estos condenados. En noviembre de 2012 se desbarató una Red de Explotación Sexual Infantil y 16 personas fueron detenidas. En la llamada Operación Heidi ya se han dictado sentencias definitivas condenatorias respecto de un número importante de los detenidos y respecto del resto se encuentran en etapa de Investigación a fin de preparar el respectivo Juicio Oral. A raíz de esta investigación participé en diciembre del 2012 en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados para evaluar los mecanismos que hagan más efectiva la respuesta y erradicar situaciones de esta naturaleza en el contexto de la red de prostitución infantil. Atendiendo el gran impacto que generó en las familias las denuncias de abuso sexual, la Fiscalía Nacional elaboró una Guía informativa de delitos sexuales contra menores de edad, que fue distribuida en colegios, jardines infantiles, consultorios y juntas de vecinos, con el fin de informar a la población sobre estos ilícitos.

En dicha Guía se ahondó en la diferencia entre violación y abuso sexual, se entregaron indicaciones sobre dónde denunciar y qué hacer cuando se recibe un relato espontáneo de un niño, niña o adolescente respecto del delito que sufrió, de manera disminuir al máximo la revictimización.
Los 50 mil dípticos que se pudieron imprimir, fueron entregados por las Fiscalías Regionales, por Fiscales Adjuntos u otros funcionarios en parte de las más de 700 actividades contempladas en el Plan de Interacción con la Comunidad, en la que fiscales y funcionarios acercan al Ministerio Público a los usuarios, sensibilizándolos acerca de la función de la Fiscalía en esta materia y, además, difundiendo las actuaciones de nuestra institución en otros ámbitos de la persecución penal. Este año pretendemos superar la cifra de 37.000 personas que se contactaron.

SISTEMA DE CONTROLES Y TRANSPARENCIA.
La Fiscalía es un organismo constitucionalmente autónomo e independiente de otras autoridades en el desempeño de sus funciones. Esa autonomía e independencia, no es aislamiento, ni puede ser un refugio discrecional.

Más allá del Control Judicial que ejercen los tribunales de justicia sobre decisiones que puede tomar el Ministerio Público (aprobando salidas alternativas, decisiones de oportunidad, secreto decretado u otras), el de las víctimas, el de los abogados querellantes o el de las Defensas y, por supuesto, el que se ejerce por los medios de comunicación y la comunidad, es una realidad que, el sistema completo de controles sobre la actuación del Ministerio Público, no es aun cabalmente conocido por la comunidad y, muchas veces, es desestimado por algunos sectores quienes con intenciones que no acierto a calificar y con tono de pretendida alarma lanzan una pregunta retórica, que si no se responde claramente podría confundir a la población: ¿Quién fiscaliza a los fiscales?.
La respuesta es amplia y los controles y obligaciones de información sobre la Fiscalía son múltiples, razón por la cual tomaré unos minutos para abordar algunos de ellos.

Anualmente, el Congreso Nacional solicita información por distintas Glosas Presupuestarias, lo que implica extraer una serie de datos dependiendo del texto de la ley respectiva y, dentro de esa Corporación, enviarlo a diversos destinatarios.

Así, a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara de Diputados, enviamos semestralmente un detalle de las evaluaciones de los Fiscales Adjuntos y Regionales; a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Comisión especial mixta de presupuestos de la Cámara y del Senado, una síntesis trimestral de los casos ingresados; tasa de judicialización, número de archivos provisionales, tiempo promedio de tramitación de los casos y número de víctimas afectadas, como también de las especies y valores incautados en causas criminales. Cada tres meses, despachamos a ambas cámaras una Individualización de las metas institucionales fijadas para el año; entre otras materias.
Cada trimestre, semestre y una vez al año, publicamos Boletines Estadísticos, en la página web institucional, que dan cuenta de las principales materias asociadas a la gestión de la Fiscalía de Chile (ingresos, términos, delitos, casos VIF, RPA.), se entregan a los medios de comunicación y se mantiene esta información a fin que cualquier persona o entidad pueda acceder a ella.
En el sitio web, se ha diseñado un sistema de publicación de estadísticas con los datos referidos al proceso procesal penal, que incluye desde el número de ingresos de denuncias y delitos durante un período, y las diversas vías que estos pueden seguir tras ingresar a la Fiscalía. Los antecedentes son entregados en cantidades enteras, porcentajes, divididas por región, por tipo de delito y tipo de imputado. Asimismo, se incluyen los tipos de términos que puede tener una causa, la evolución de los archivos provisionales, y los casos específicos de las leyes de Violencia Intrafamiliar y Responsabilidad Penal Adolescente.
En el sitio web institucional se incluye detallada información relevante para los medios, se incorpora la agenda del Fiscal Nacional, noticias nacionales y regionales, imágenes y audios que registran las declaraciones de integrantes de la institución.

Mensualmente enviamos a la Contraloría General de la República, un Balance de Comprobación y de Saldos, es decir de ingresos y gastos efectuados por la Institución. Anualmente, enviamos a la misma Contraloría Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultado, Estado de Situación Presupuestaria Agregado y Analítico, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto y Resumen de Conciliación Bancaria Anual).
La Fiscalía de Chile envió el año pasado a la Contraloría General de la República 1.515 Resoluciones para su registro y control, por ingresos de funcionarios y fiscales, modificaciones contractuales y términos de relación laboral.

A la Dirección de Presupuesto, del Ministerio de Hacienda se le hace llegar mensualmente un Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos, antes del día 8 de cada mes; un balance de Comprobación y de Saldos, ingresos y Gastos efectuados en el mes; un informe con la Ejecución del gasto en traslados, habitación, atención psicológica, asistencia social, médica, lucro cesante e inversión en víctimas y testigos.

Trimestralmente, se informa de la dotación de personal; y anualmente se hace llegar a la DIPRES una Nómina de Proyectos de Infraestructura con gastos administrativos, consultorías, compra de terrenos y ejecución de obras.

Al Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Droga y Alcohol; SENDA, en forma trimestral, se le informa sobre bienes y dineros incautados de la Ley Nº 20.000.

A la Unidad de Análisis Financiero, en forma trimestral, se le remite un CD con nómina de formalizados por delitos base de lavado de dinero, información que alimenta bases de datos usadas para detección de operaciones sospechosas que luego se pueden remitir al MP, para iniciar investigación penal. Además, semestralmente se aporta información estadística de número de investigaciones, de formalizados y de condenados por lavado.

Junto con lo anterior, y cumpliendo la ley 20.285, sobre Transparencia, se detallan en la página web institucional todos los funcionarios y fiscales, su grado, su remuneración y otros datos, los concursos públicos, los procesos de licitación, las instrucciones generales, etc. Respecto a las solicitudes de información o transparencia pasiva, éstas aumentaron en un 24,8% respecto del 2011. El 2012 recibimos 392 peticiones, de las cuales 224 fueron aceptadas en un promedio de 15,5 días de tramitación, inferiores a los 20 días que permite la ley.

Sin perjuicio de lo expuesto, aunque no es obligación legal ni reglamentaria y algunos la consideran innecesaria, este año llamaremos a una licitación para realizar una auditoría financiera, de uso de ingresos y egresos, y de ejecución presupuestaria de la institución, imitando la idea que implementara el Poder Judicial, la que será encargada a una Universidad u otra entidad pública o privada de reconocido prestigio y cuyos resultados serán entregados en públicamente en la próxima cuenta del Fiscal Nacional.

III.- PALABRAS FINALES

En esta parte, me referiré brevemente a algunos proyectos y de la misma sintética manera expondré algunas ideas y reflexiones finales. En primer lugar, además de todo lo antes detallado, tenemos en desarrollo múltiples iniciativas al nivel nacional, y en cada Fiscalía Regional del país. Sólo a modo de ejemplo resumiré algunas:

A) STAD INVESTIGATIVO

Es un Sistema Táctico de Análisis de Diligencias y Órdenes de Investigar, que genera un marco conceptual para calificar los informes policiales que son recibidos por la Fiscalía de Chile, en función de su contribución al ejercicio de la acción penal y al logro de un término de calidad para la investigación correspondiente.
Todo ello, con el apoyo de una herramienta informática que permite registrar esta información y disponer de dichos datos de manera expedita, con el fin de transmitir estos antecedentes al Ministerio del Interior, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile para la eventual definición, en conjunto, de las medidas por adoptar para solucionar las problemáticas detectadas.

Se trata de evaluar los Informes Policiales, a fin de identificar las principales falencias de que adolecen, para luego abordarlas mediante un trabajo de capacitación y retroalimentación presencial, con fiscales y funcionarios policiales, sobre la base de casos reales ocurridos, en forma trimestral. Asimismo, permite detectar ajustes que deban hacerse en las instrucciones que emanan de las Fiscalías Locales.

Utilizando como referente la implementación de este proyecto, que se inició como piloto en La Araucanía y los positivos resultados alcanzados en dicha región, (a saber: los informes determinados como "Con Resultado" aumentaron en cerca de 20 puntos porcentuales. Los informes determinados como "Sin Resultado",pero en los cuales se observaba algún trabajo policial adecuado, disminuyeron en cerca de 8 puntos porcentuales en promedio y, los informes determinados como "Sin Resultado", que poseían errores o falencias en la labor investigativa, disminuyeron en cerca de 10 puntos porcentuales).

La Fiscalía Nacional resolvió implementarlo durante el presente año en las regiones IV, VIII y Región Metropolitana. Para ello se expuso el Plan al señor Ministro del Interior y esperamos vaciarlo en un Convenio marco que debería firmarse prontamente.

B) PROYECTO "INDICADORES DE GESTIÓN POLICIAL".

Sobre la base de la información que pueda emanar de la implementación del programa anterior, pero desde ya con la experiencia acumulada, y en el marco del mismo Convenio recién aludido, se busca la definición, en coordinación con el Ministerio del Interior, de indicadores de gestión policial que permitan monitorear las diligencias que realizan ambas Instituciones Policiales en el marco del desarrollo de las investigaciones criminales, que interactúen y/o complementen los indicadores del Ministerio Público.
Asimismo, nuestra institución contará con una herramienta informática que registrará esta información y dispondrá de dichos datos para solucionar las dificultades que se detecten.

C) PARTE POLICIAL ELECTRÓNICO

Este proyecto busca mejorar los estándares y el proceso de entrega de información contenida en los partes policiales, relacionada con hechos que revisten características de delitos, y que son conocidos y atendidos en las unidades policiales de Carabineros y que deben ser de conocimiento de las fiscalías locales al nivel nacional.
En esta idea se ha trabajado en conjunto con el Alto Mando de Carabineros y ha contado con su decidido apoyo.
La implementación de este proyecto persigue contar en el plazo más cercano posible con un parte policial completamente electrónico, enviado a diario, en tiempo real, a cada una de las fiscalías locales del país desde todas las unidades policiales de Carabineros correspondientes, incorporando homologación y validación en línea de principales datos y antecedentes de los delitos denunciados.
Se ha iniciado la operación del plan piloto entre la Fiscalía Local de Puente Alto y Comisarías de esa Zona, y se iniciará –a la brevedad- en otra Fiscalía Local, que se está definiendo.

REFLEXIONES

El actual Proceso Penal tuvo un proceso de instalación exitoso, a tal punto que la totalidad de los países Iberoamericanos que están modificando sus sistemas de justicia criminal, han tenido a la vista el modelo chileno y solicitado asistencia técnica al Ministerio Público de Chile y otras instituciones.
Cuando asumí como Fiscal Nacional, poco tiempo llevaba implementado el sistema en todo el país, y debimos enfrentar diversas dificultades, muchas asociadas a la creciente carga de trabajo y a los distintos modelos de gestión al interior de la institución, lo que hacía imposible evaluar nacionalmente, ni aplicar economías de escala.

En esa línea, fuimos capaces de definir, con participación de fiscales y funcionarios, un Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2009-2015, que establece los lineamientos de persecución, protección y gestión necesarios para la consolidación y proyección futura de la institución, bajo indicadores modernos y actualizados.

Elaboramos una estrategia de persecución penal sobre la base de un tratamiento diferenciado de los casos, pero con ciertos énfasis, orientados a dar respuesta penal a determinados delitos que por la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que los padecen, hacen necesaria una respuesta más focalizada, intensa y expedita.
El año recién pasado, comenzó un proceso de ajustes, luego de constatar que se habían privilegiado aspectos cuantitativos por sobre los cualitativos en ciertas definiciones estratégicas de la institución. Para revertir esa situación y otorgar una mejor respuesta a la comunidad, iniciamos una revisión con fuerte participación regional, que nos permita privilegiar la calidad de las decisiones. Así, por ejemplo, el año pasado se decidió ampliar el plazo para archivar causas, aumentando de 45 a 75 días, de modo de poder obtener mejores resultados en las investigaciones. La idea es dar prioridad a la calidad del servicio público que la fiscalía presta, esto es, la persecución penal, por sobre los aspectos puramente numéricos. Es decir, como ejemplo, debe importar más el buen resultado que una víctima pueda obtener, que el tiempo que se demora en cerrar una causa.

Todos y cada uno de los logros que hemos tenido depende del compromiso diario de Fiscales, de Funcionarios y, por supuesto, de sus familias. Existe a veces la impresión que la Fiscalía estaría "haciendo agua" frente a la sobrecarga de trabajo y que más y más fiscales e incluso funcionarios, buscan otros derroteros. Esa impresión no es cabalmente cierta, pero puede serlo si no se adoptan medidas.
En efecto, han renunciado fiscales, en aras de mejorar su situación y porque la vocación que nos sostiene, muchas veces no es suficiente para soportar esa gran carga.
Se debe propender al reconocimiento normativo de una sólida carrera funcionaria. Ante la falta de una regulación legal adecuada, hemos diseñado y llevado a la práctica, en el corsé de nuestro presupuesto, un procedimiento de ascenso y promoción de funcionarios, que no existía cuando asumí como Fiscal Nacional.
Buscaremos implantar un procedimiento de becas de estudio para posgrados, que según la ley pueden ser cursos o diplomados. Asimismo, implantamos el año pasado un inédito procedimiento para el ascenso de Fiscales Adjuntos, pero que tiene el tapón legal de que sólo se podría, en el mejor de los casos y si hubiese presupuesto, llegar al Grado VI para un fiscal que no sea jefe de Fiscalía Local. Requerimos que la norma de la Ley Orgánica que homologa las remuneraciones de los Fiscales a las del Poder Judicial pueda ser cabalmente realidad y lograr ampliar el rango de grados al que puedan acceder los fiscales.
Se ha dicho reiteradamente que la carga de causas por cada fiscal bordea las 2500 y que las proyecciones al diseñar el nuevo sistema estaban alrededor de un máximo de 1200, por lo que estaríamos en más del doble. Empero, este análisis de dividir el número de ingreso de asuntos por el número de fiscales, siendo útil en algunos lugares, no considera en todas sus aristas y cabalmente ni la antigua realidad de todo el país, ni la actual.
En efecto, esa cifra ideal diseñada de 1200 ingresos razonaba sobre la base que, un gran porcentaje de esas causas anuales, terminaría por una salida temprana o una salida alternativa, en poco tiempo y con pocos recursos usados, y no por un juicio, sea éste oral ordinario, simplificado o abreviado.
Ello NO ocurrió en todas partes de Chile y no ocurre hoy. Sin duda, uno de los más grandes desafíos que hemos enfrentado es uniformar la gestión nacional de las causas, para solventar, como dije sin ningún recurso de dotación adicional, el doblaje en la cantidad de ingresos. Para ello se crearon unidades que tramitan causas de menor complejidad llamadas TCMC las que están a cargo de un equipo liderado por uno o más fiscales y con el apoyo de numerosos funcionarios, y que deben propender a absorber el 70% de la tramitación de todas las causas, dejando el 30% restante para su tramitación y desarrollo por fiscales, según su especialidad y/o el territorio.

Pero la carga de trabajo de los fiscales y funcionarios está al límite, sea que ocupemos el tradicional método de dividir ingresos por número de fiscales, sea que analicemos la realidad actual, con estas unidades. Digo responsablemente que, si no se hubiese diseñado este sistema, la Fiscalía hubiese colapsado. En efecto, si bien es cierto que, en principio, las causas del 70% recién explicado no tienen igual peso específico, ni requieren la misma tramitación que las otras del 30% restante de mayor complejidad, sí generan gran cantidad de audiencias a las que deben concurrir fiscales que no integran las unidades TCMC, demandando realizar diligencias de investigación y, por supuesto, mayor atención de usuarios.

Por su parte, para que sea eficiente su labor, debieron destinarse mayor cantidad de funcionarios a cada una de estas unidades. Asimismo, los fiscales a cargo de la tramitación de causas más complejas, siguen yendo a Audiencias de Control de Detención, de Cautela de Garantías, de Formalización de la Investigación, de revisión de cautelares, de Preparación de Juicio Oral, de Juicio Oral, y muchas más. Durante el año 2012 se registraron 901.453 audiencias. Sólo si dividimos esa cifra por el número de Fiscales Adjuntos (647), sin considerar otras actividades, daría una cifra aproximada de 1.400 audiencias por fiscal durante el año.

Para qué ahondar en los recursos que demandan las causas de Alta Complejidad, con investigaciones de muchos meses y juicios de más de 30 semanas. A ellas hay que destinar al menos 2 fiscales y, normalmente, 3 o 4, inclusive Fiscales Regionales. Pruebas al canto: Investigación sobre los hechos producidos el 27 de Febrero (Tsunami-Shoa); caso Universidades; Caso Muebles en Tarapacá, Caso Trata de Inmigrantes Paraguayos en la VI Región; Caso Intendencia en Punta Arenas; Caso La Polar, y tantos otros.

Por ello planteamos, dentro del Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público, que fue avalado por una delegación de alto nivel del BID, la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad a la que ya aludimos, para ponernos en otro nivel de combate a la delincuencia organizada, la gran corrupción, la delincuencia transnacional, la económica, etc.

En medio de desafíos cada vez más difíciles para el Ministerio Público, con una delincuencia cada vez más sofisticada, se debe fortalecer a la Fiscalía. No estamos débiles, pero si no se dota de recursos adecuados a nuestra institución, iremos paulatinamente perdiendo fortaleza.

Y eso no es bueno para la sociedad. Somos un servicio público fundamental. Basta ver el día a día. Cuándo se plantea un problema complejo, un aparente delito o una situación social, empresarial, comercial, educacional u otra similar en extremo compleja. ¿Hacia dónde se dirigen las miradas? ¿A dónde se concurre a presentar una denuncia, muchas veces con gran repercusión mediática?, Claramente a la Fiscalía. Somos la primera línea de defensa social contra la corrupción y el delito, el arma más poderosa que tiene la comunidad para perseguir abusos y sintonizar con los miedos de la sociedad y para lograr el castigo del delincuente, sea en delitos comunes, sea en delitos como los recién detallados.

Se han fortalecido otras instituciones del sistema de justicia criminal, casi 10.000 Carabineros, más de 1500 detectives, más magistrados y más defensores públicos (como los nuevos defensores de ejecución). Nos parecen necesarios esos refuerzos hechos. Es más, no sólo creemos que eran y son necesarios, eran y son imprescindibles. Pero, en la misma calidad de imprescindible, se debe considerar la necesidad de recursos de la Fiscalía.

Agradezco a todos los que entienden y comprenden esta necesidad, y a los que todavía no lo hacen realmente los invito a reflexionar. Por su asistencia, atención y paciencia, sinceramente muchas gracias.

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