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Caso Luminarias LED: Fiscalía obtiene condenas contra cuatro imputados por delitos de corrupción

Se trata de procedimientos abreviados

La Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, presentó acusación el 28 de septiembre pasado en contra de 19 imputados.

La Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, presentó acusación el 28 de septiembre pasado en contra de 19 imputados.

La Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, a cargo de la investigación del caso LED en el país, obtuvo condenas para cuatro imputados por delitos de corrupción, quienes fueron sometidos a procedimientos abreviados ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Se trata de Paul Pacheco Quintanilla, funcionario del Ministerio de Energía, quien fue condenado a 541 días de reclusión y multa de 55 millones de pesos por el delito de cohecho reiterado, más 541 días de presidio y 100 UTM por lavado de activos, otros 541 días de presidio y multa de 20 UTA por facilitación maliciosa de facturas falsas para cometer delitos tributarios reiterados, y multa de 10 UTM por violación de secretos. A ello se suma el comiso de una casa, vehículos, y derechos societarios y depósitos que poseía en instituciones financieras.

Mientras que David Encina Fonseca, secretario de Planificación de la Municipalidad de Negrete, recibió una pena de 400 días de reclusión y multa de 25 millones de pesos, por el delito de cohecho, más otros 400 días y multa de 100 UTM por lavado de activos. Se le agrega otra multa de 5 UTM, por violación de secretos.

En el caso de George Latrille Hucke, el tribunal le impuso una condena de 700 días de reclusión y multa de 37 millones de pesos por el delito de soborno. Se le suman otros 700 días de presidio y el pago de 20 UTA por facilitación maliciosa de facturas falsas para cometer delitos tributarios reiterados, y otros 425 días de reclusión, como partícipe en el delito de asociación ilícita.

El último los condenados, José Hidalgo Abarzúa, recibió una pena de 541 días de presidio y multa de 20 UTA, por facilitación maliciosa de facturas falsas para la comisión de delitos tributarios reiterados.
A todos los condenados se les impuso, además, la suspensión para cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena y a excepción de José Hidalgo, los demás también quedaron inhabilitados por siete años para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas del Estado o que contraten con éste.

A estas condenas obtenidas en procedimientos abreviados se suma la de Andrés Matulich Silva, encargado municipal del área de luminarias de Puerto Natales, quien el 25 de octubre último fue condenado a 3 años y un día de presidio. El Juzgado de Garantía de esa comuna le impuso, además, una multa por el cohecho de 67 millones de pesos y otra, por la violación de secretos ascendiente a 20 UTM, más las inhabilidades propias por ser funcionario público.

En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se tramitan las investigaciones agrupadas que dicen relación con los municipios de Chillán y Negrete, el Ministerio de Energía y la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica del grupo Itelecom.

En esta investigación agrupada, la Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, presentó acusación, el 28 de septiembre pasado, en contra de 19 imputados (entre ellos dos exalcaldes) y 9 empresas del grupo Itelecom, fijándose audiencia de preparación de juicio oral para el 19 de junio próximo. El principal accionista y gerente general de Itelecom, Marcelo Lefort Hernández, arriesga una condena de 28 años de cárcel y los otros gerentes, Pedro Guerra, Leonardo Bustos y Ricardo Rodríguez, 11 años de presidio, entre los principales acusados.

La investigación acreditó que la plana ejecutiva de la compañía ofreció sobornos, en forma directa o a través de intermediarios, a funcionarios públicos, para favorecer la adjudicación a dicha empresa de licitaciones de proyectos de recambio de luminarias en varias comunas del país. Además del soborno y cohecho, la Fiscalía le imputa a los acusados los delitos de violación de secretos, lavado de activos, asociación ilícita, delitos tributarios y responsabilidad penal de la persona jurídica.

 

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