FiscalíasRegión Metropolitana Centro Norte

18/05/2015

Canteros de Colina: Fiscalía Centro Norte obtiene condena de Alvaro Baeza por prevaricación a dos años y un día de suspensión del título de abogado

Fiscal Ximena Chong obtuvo la condena del abogado, quien fue sentenciado por abusar maliciosamente de su cargo privilegiando sus intereses personales en perjuicio de sus clientes

Fiscal Ximena Chong obtuvo la condena

A la suspensión por dos años y un día de la profesión titular de abogado fue condenado Alvaro Baeza al ser condenado por el delito de prevaricación de abogado, luego que la Fiscalía Centro Norte lo acusara privilegiar sus intereses personales y los de otras empresas en perjuicio de los de la Asociación Gremial de Canteros de Colina, a quienes representaba.

La resolución recogió los argumentos expuestos durante el juicio por la fiscal del caso Ximena Chong, quien logró acreditar que el abogado indujo a sus clientes a firmar 12 contratos que los perjudicaban en vez de velar por sus intereses. El dictamen del tribunal establece que Baeza “abusando maliciosamente de su oficio” perjudicó a los Canteros de Colina al firmar el contrato marco y los 11 contratos anexos.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Centro Norte, estos contratos los firmaron bajo la asesoría del abogado Baeza, quien tenía la obligación legal de velar por su mejor resguardo. Sin embargo, Baeza  perjudicó a sus clientes y recibió de las contrapartes UF 45 mil como incentivo para negociar en desmedro de sus representados.

Antes de firmar los acuerdos los Canteros eran dueños de las pertenencias mineras denominadas Canteras 1 a 6, que corresponden a 300 hectáreas ubicadas en la comuna de Colina, cuyo material de extracción principal es el basalto, material destinado a la elaboración de adoquines. Tras la firma, los Canteros pierden el dominio del 60% de las pertenencias mineras. Además, se generan las denominadas servidumbres  negativas, de acuerdo a las cuales los canteros no pueden utilizar parte de su propiedad minera.

Junto con la suspensión del título de abogado, el profesional fue condenado a al pago de 15 UTM.