FiscalíasRegión del Maule

24/10/2017

Por los delitos de incendio y obstrucción a la investigación fiscalía maulina formaliza a cuatro ejecutivos de la CGE

Los incendios afectaron a cerca de 70 víctimas y consumieron poco más de 7 mil hectáreas

Audiencia se extendió por cerca de dos horas

Esta vez la audiencia de formalización dice relación con dos incendios ocurridos en la comuna de Vichuquén y Licantén durante el pasado verano, que en total suman cerca de 7 mil hectáreas y donde se vieron afectadas un número aproximado de setenta víctimas las que perdieron diversos bienes materiales y que este martes estuvieron presente en la audiencia de formalización de cargos a un total de 4 personas que al momento de los hechos ocupaban diversas funciones  en la Compañía General de Electricidad.

El fiscal regional Mauricio Richards en compañía de los fiscales con especialidad en delitos medio ambientales José Alcaino y Óscar Salgado, formalizó por el delito de incendio culposo a tres personas:  Juan Ortega Muñoz, gerente zonal y técnico de CGE en la Séptima Región,  Guillermo Gutiérrez Quezada, jefe de mantenimiento y construcción en la Provincia de  Curicó y zona costera de la CGE y a Juan Rojas Riffo ex jefe de mantenimiento y construcción en la Provincia de Curicó de la CGE.

Tras las investigaciones realizadas por peritos de la PDI y Carabineros además de organismos privados, la fiscalía pudo establecer que todos ellos tuvieron una conducta imprudente y negligente lo que generó y aumentó el riesgo de producción de incendios en las redes de distribución eléctrica en las comunas de Licantén y Vichuquén iniciándose el fuego tanto por el contacto de árboles con el tendido eléctrico, como por la abundante vegetación al interior de la franja de seguridad la que por disposición legal debe ser mantenida por la empresa eléctrica.

En la misma audiencia el Ministerio Público le imputó cargos por el delito de obstrucción a la investigación a Juan Rojas Riffo y a Carlos Riquelme Vargas, este último jefe de Operaciones de CGE en Talca. Las investigaciones dieron cuenta que ambos instruyeron a técnicos y supervisores de la empresa eléctrica a que entregaran información falsa a la autoridad, específicamente a la Fiscalía y la Policía de Investigaciones para que “de esta forma y a sabiendas se obstaculizara gravemente el esclarecimiento sobre el punto de origen del incendio y la posible determinación de sus responsables”.  Hechos que al ser conocidos por la CGE motivaron su inmediata desvinculación de los imputados de la compañía.

“Nos encontramos frente a trabajos deficientes por parte de la compañía y así los hemos imputado hoy por un trabajo poco cuidadoso de poda y de roce que estaban en las proximidades de las líneas lo que en definitiva ocasionó los incendios. En este caso son cerca de setenta personas afectadas y más de siete mil hectáreas en el incendio de enero de fines del 2017 y otro incendio más acotado que fue controlado por Bomberos en la Ruta J-60 cerca de la empresa Licancel donde un árbol cayó sobre el tendido eléctrico y ocasionó un incendio que fue controlado para el bien de todos. Se solicitaron cautelares del artpiciulo155 del Código y se trata de una imputación culposa ya que no hemos reunido antecedentes que den cuenta poder sostener de que el compartimiento de estas personas fue más allá de la negligencia en el caso de los incendios y por eso se solicitaron cautelares de baja intensidad y se trata de personas que trabajan en la empresa y creemos que durante el curso de los próximo meses tendremos eventualmente algún tipo de reparación para las víctimas o instar por que se apliquen las sanciones que establece la ley. También imputados un delito de obstrucción a la investigación. Durante los primeros días de la investigación unas personas que trabajan en la zona costera y en la oficina en Curicó de la empresa nos entregaron declaraciones que no eran verídica ni fidedignas lo que llevó a que se retrasara la investigación por unos días pero gracias al trabajo policial pudimos saber cómo ocurrieron los hechos”, afirmó el fiscal regional mauricio Richards. 

El tribunal acogió cada uno de los contundentes argumentos entregados por la fiscalía y dispuso las cautelares pedidas de firma mensual y arraigo nacional para los imputados Ortega, Gutiérrez y Rojas. Mientras que para Riquelme se dispuso la firma mensual ante Carabineros.

Richards consultado por la audiencia de formalización solicitada en contra del funcionario de Conaf Emelino Valdivia Cáceres a cargo de combatir el incendio en el sector de Cardillas donde finalmente fallecieron cuatro brigadistas por acción del fuego, manifestó que en torno al origen del fuego habría intervención de terceros que aún no han podido ser ubicados. Pero en cuanto al combate del fuego Richards resaltó que se investigó sobre el cumplimiento de los protocolos y fueron los propios sobrevivientes los que – resaltó - comenzaron a dar cuenta al inicio de la investigación de una situación poco común que era el combate en un sector con una pendiente muy fuerte que no resultaba ser lo más adecuado. Peritajes de expertos dan cuenta que se corrobora que es altamente probable que el combate no haya sido manejado de la manera que correspondía y por el eso al jefe del incendio que se hizo cargo de la zona se le ha pedido audiencia para imputarle cargos a título de culpa por una inadecuada supervisión del trabajo que habría originado la causa de muerte y lesiones que sufrieron los brigadistas.

Para esta causa ya se fijó audiencia la que será el día 10 de noviembre próximo.