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Copiapó: Fiscalía formalizó a diez trabajadores de servicentros por fraude de más de $333 millones al municipio local (Audio)

Investigación que dirige el fiscal Luis Miranda Flores ya suma 16 imputados.

La audiencia se desarrolló en una sala especial del Juzgado de Garantía de la capital regional.

La audiencia se desarrolló en una sala especial del Juzgado de Garantía de la capital regional.

La investigación penal que dirige la Fiscalía de Atacama por una defraudación de más de 333 millones de pesos que afectó a la Municipalidad de Copiapó por concepto de carga irregular de combustible, sumó la mañana de este jueves a 10 imputados quienes fueron formalizados como autores de los delitos de fraude al fisco y asociación ilícita.

La causa, dirigida por el fiscal adjunto de esta ciudad Luis Miranda Flores, ha podido establecer que entre los años 2011 y 2017 un grupo de personas, entre ellos funcionarios y ex trabajadores del municipio afectado, además de bomberos de servicentros de las comunas de La Serena y Coquimbo, actuaron de manera sistemática y organizada para cargar combustible a particulares con cargo de pago a la mencionada casa edilicia. Esto, luego de la firma de un convenio entre la empresa Copec y la Municipalidad, el que según se pudo determinar, no contaba con ningún manual de procedimiento o instrucciones formales para su aplicación. Quedando a cargo de la administración de las tarjetas de abastecimiento de combustible uno de los imputados, quien había sido contratado en el municipio como auxiliar de aseo.  

En la audiencia el fiscal Luis Miranda argumentó que los cabecillas de esta red reclutaron bomberos en servicentros de las comunas de La Serena y Coquimbo, quienes tenían la tarea, ante cada carga con pago en efectivo que realizaban vehículos particulares, de operar las tarjetas y así cancelar esa venta a nombre del mencionado municipio. Mientras que el dinero obtenido a través de este mecanismo era recaudado por uno de los imputados ya formalizado en esta causa, cifra de dinero que luego era distribuida a cada uno de los participantes de acuerdo a montos previamente establecidos.

Respecto de los perjuicios económicos que esta asociación criminal logró defraudar, en los siete años en que operó, el fiscal confirmó que se logró fijar un monto de 333 millones 193 mil 2 pesos. Recursos fiscales que afectaron las arcas con que contaba la municipalidad de la capital de Atacama.

Por estos hechos, acreditados con los resultados de distintas diligencias ordenadas a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, además de declaraciones de los propios imputados, la Fiscalía formalizó a los trabajadores de los servicentros involucrados, antecedentes que fueron compartidos por el Juez de la sala especial en que se desarrolló esta audiencia, quien accedió a la solicitud de medidas cautelares hecha por el fiscal Miranda. Decretando el arresto domiciliario nocturno y el arraigo nacional de todos estos imputados.

Cabe consignar que en esta causa es parte querellante el Consejo de Defensa del Estado, además de una empresa ligada a la entidad en que se desempeñaban los trabajadores investigados.

 
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