Sala de PrensaNoticias Regionales

12/08/2014

Sentencia caso Fraude a la intendencia de Valparaíso: 5 a 8 años de cárcel por corrupción.

Este es el primer juicio del caso que tiene más de diez aristas.

En la imagen, Sergio Núñez, ex jefe de administración y finanzas, al momento de escuchar la condena en su contra.

“Hay una señal y reproche claro contra la corrupción” dijo el fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Claudio Rebeco, al término de la lectura de sentencia por medio de la cual se condenó hoy a los tres acusados por malversación de caudales públicos y fraude en la Intendencia Regional a penas de entre 5 a 8 años de presidio.

El principal de los acusados, el ex jefe de Administración y Finanzas del Gobierno Regional, Sergio Núñez, fue sentenciado a 60 días de prisión en su grado máximo como autor del delito de uso malicioso de instrumento privado falso, más multa de 5 UTM; a 20 días de prisión por mero fingimiento de profesión titular, más multa 3 de UTM; y a 8 años de presidio mayor en grado mínimo por delitos reiterados de malversación de caudales públicos, más multa de 8 UTM.

La última de las penas de cárcel deberá ser cumplida de manera efectiva por el penado (abonando a su favor el tiempo que ha estado en prisión preventiva, desde noviembre del año pasado), el que además fue castigado con inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, e inhabilitación para profesiones titulares mientras dure la condena. 

Al ex jefe de gabinete del intendente Raúl Celis, el abogado Enrique Kittsteiner, se le impuso la pena de 5 años de presidio menor en grado máximo, por delitos reiterados de malversación de caudales públicos, más multa de 5 UMT;  3 años y un día de presidio menor en grado máximo por fraude al fisco, más multa de 20% de lo defraudado (2 millones 600 mil pesos), además de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos mientras dure la condena.

El tribunal estableció también que si el condenado no paga las multas, sufrirá reclusión como sanción sustitutiva, pero le concedió el beneficio de libertad vigilada intensiva, fijando en su contra  un plazo de observación de 5 años por la malversación, más otros 3 años por el fraude. Además, dictaminó que no podrá acercarse a algunas de las dependencias del gobierno regional, mientras duren la condenas.

Finalmente, a Claudio Uribe Jamen, ex coordinador regional de elecciones, se impuso la pena de 5 años de presidio menor en grado máximo por malversación de caudales públicos, más multa de 3 UTM e inhabilitación absoluta perpetua para cargos y derechos políticos, mientras se cumpla el castigo.

Además fue condenado a 541 días de presidio menor en grado medio por fraude al fisco, al pago del 10% de lo defraudado (1 millón 300 mil pesos), y a reclusión sustitutiva eventual, al igual que Kittsteiner.

En materia civil, todos los acusados fueron condenados solidariamente al pago de los 134 millones 700 mil pesos en que se vio afectado el fisco por los cuatro delitos de malversación perseguidos. Uribe y Kittsteiner, además, deberán pagar otros 13 millones por el delito de fraude.

“Lo importante aquí es que hemos escuchado del tribunal una condena que reprocha hechos de grave corrupción. Hay que recordar que al inicio de este juicio, algunos de ellos, y particularmente el señor Kittsteiner, alegó inocencia absoluta. Hoy ha sido condenado a penas de 5 y 3 años. El tribunal le ha otorgado el beneficio de libertad vigilada intensiva, conforme a la ley, aspecto que desde luego vamos a analizar, pero nos quedamos con un reproche severo, con una condena de 8 años de presidio efectivo respecto del principal implicado en los hechos, y nos parece que el mensaje que tiene que ser escuchado, fuerte y claro por la comunidad, es que cualquier persona que incurra en hechos similares se expone a penas de presidio”, señaló el fiscal Rebeco.

Respecto de los dineros malversados o defraudados, el fiscal señaló que quedó establecido en este juicio que parte importante de esos fondos fue a parar a campañas políticas, pero que el tribunal acogió además las demandas civiles que permitirán al Consejo de Defensa del Estado (CDE) perseguir la restitución de esos fondos.