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24/02/2023

Tarapacá: Fiscalía y PDI detienen a dos imputados por violento homicidio en Alto Hospicio

Este es el cuarto homicidio que ha sido aclarado por el equipo policial especial que está trabajando hace menos de un mes con el Fiscal Regional, Raúl Arancibia.

El fiscal regional (s) Eduardo Ríos (a la izquierda) junto al Delegado Presidencial y el jefe de la Brigada de Homicidios.

En prisión preventiva quedaron dos imputados formalizados por la Fiscalía de Iquique por los delitos de homicidio calificado consumado y frustrado y disparos injustificados en la vía pública, tras ser detenidos por la Policía de Investigaciones por su participación en la muerte de un hombre y las lesiones graves de otro sujeto, ocurridas en julio del año pasado, en medio de una intensa balacera en la comuna de Alto Hospicio.

“Este es el cuarto caso aclarado de los 20 homicidios que fueron asignados por el Fiscal Nacional al Fiscal Regional Raúl Arancibia como fiscal preferente, junto a un equipo especializado de la Policía de Investigaciones que llegó a la región hace menos de un mes. En este caso se detuvieron a dos hombres, chilenos, con antecedentes, que planificaron y dieron muerte el año pasado a una víctima en Alto Hospicio y dejaron gravemente herido a otro. En esa ocasión se dispararon más de 50 tiros en la vía pública, por lo que se presume se usó un arma semiautomática”, indicó el Fiscal Regional (s), Eduardo Ríos.

El jefe de la Brigada de Homicidios Iquique, subprefecto Christian Sayago, resaltó el trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Policía de Investigaciones y las distintas diligencias investigativas realizadas que permitieron identificar a los imputados y detenerlos, como fueron los análisis de cámaras de vigilancia, la ubicación de testigos y las pericias en el sitio del suceso.

Por su parte, el Delegado Presidencial Regional, Daniel Quinteros, enfatizó que  “la ciudadanía ha pedido medidas urgentes y contundentes, y nosotros como Gobierno hemos hecho todos los esfuerzos para tener una coordinación fluida tanto con el Ministerio Público como con la Policía de Investigaciones para crear una fuerza de tarea, designar un fiscal preferente, y los resultados están a la vista. En menos de un mes llevamos cuatro casos que se han resuelto y eso es una señal clara del compromiso que tiene el Gobierno con la seguridad, pero también con reducir las brechas en materia de impunidad, porque no podemos permitir que las personas estén por sobre la ley”.

Audiencia

En la audiencia de formalización, el fiscal Ríos explicó que el 14 de julio pasado, los imputados A.R.B. y F.A.B., junto a otros dos sujetos, planificaron dar muerte a las víctimas Brandon Pérez Chacón y G.J.P., premunidos de armas de fuego tipo pistola o subametralladora. Cerca de las 14:00 horas, los imputados llegaron a bordo de una camioneta Kía hasta el sector El Boro, donde se reunieron con otro sujeto que conducía un taxi colectivo en el que se movilizaron. Así, cuando cerca de las 15:00 horas llegaron las víctimas a bordo de un vehículo Mazda Demio y se estacionaron, los imputados les dispararon desde una esquina y desde el taxi colectivo, ocupando un arma automática y otras armas, y siendo repelidos desde el vehículo de los afectados. Del sitio del suceso se pudieron levantar 59 vainillas correspondientes a distintos calibres.

A raíz de los disparos, Brandon Pérez resultó con un traumatismo encéfalo craneano que le causó su muerte y G.J.P recibió dos impactos balísticos en el brazo y otro en un el pecho, provocándole un traumatismo por arma de fuego en el tórax.

El fiscal agregó que un día después de los hechos, el imputado F.A.B. transfirió 200 mil pesos al conductor del taxi colectivo, presumiblemente como pago por el medio de transporte facilitado, y al momento de ser detenido, se le encontraron 31 kilos 480 gramos de marihuana y la suma de 5 millones de pesos en efectivo, por lo que también fue formalizado por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.

Dada la gravedad de los hechos y que los imputados tienen condenas anteriores, el fiscal solicitó la prisión preventiva de ambos por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que fue acogido por el juzgado de garantía de Alto Hospicio, fijando un plazo de investigación de 120 días.