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06/04/2022

Tocopilla: Gendarme queda en prisión preventiva tras ser formalizado por Fiscalía por delitos de microtráfico y cohecho

El funcionario público ingresaba sustancias ilícitas y celulares al interior del Centro Penitenciario de Tocopilla a cambio de una retribución económica, así lo informó el Fiscal Adjunto (s), Jorge Veloso, quien llevó adelante la audiencia del formalización del caso.

Fiscal Adjunto (S) Jorge Veloso llevó adelante la audiencia del formalización del caso.

La Fiscalía Local de Tocopilla  informa, que tras una detallada investigación y en colaboración con personal de Gendarmería y detectives de la BICRIM de la PDI, se logró detener y posteriormente, formalizar investigación  en contra del imputado (gendarme 2do) F.I.T.C. por su presunta autoría de los delitos de microtráfico y cohecho, en grado consumado. Hecho perpetrado el 02 de abril del 2022.

El Tribunal de Garantía de la ciudad acogió la solicitud del Ministerio Público y se le aplicó al imputado la máxima medida cautelar, esto es prisión preventiva por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad y por peligro de fuga.

Durante la audiencia de formalización del imputado ante el Tribunal de Garantía, el Fiscal Adjunto (s) de Tocopilla, Jorge Veloso explicó que  en la investigación se logró determinar que el gendarme segundo F.I.T.C. quien se desempeñaba en el Centro Penitenciario de la ciudad, se dedicaba a ingresar drogas ilícitas (cocaína, Pasta Base de Cocaína y Marihuana) y elementos prohibidos a los internos (celulares, cargadores de celulares), los que eran entregados a cambio de un retribución económica (alrededor de $150.000 por todo los ingresado).

Al momento de su detención en el recinto penitenciario, por parte de la Bicrim de la PDI de Tocopilla, al imputado se le encontraron (3 bolsas de nylon contenedoras de cocaína (14,57 gramos); 2 bolsas de cannabis sativa (7,63 gramos); 4 bolsas de Pasta Base de Cocaína (47,39 gramos), 1 bolsa de medicamentos, celular y cargador)

Dada la gravedad de los hechos, y que el imputado aprovechó su calidad de funcionario público para cometer estos delitos y que éste se desarrolló en un lugar de detención, la Fiscalía solicitó su prisión preventiva, petición que fue acogida por el Juzgado de Garantía, fijándose un plazo de investigación de 90 días.