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31/03/2020

En prisión preventiva quedó imputado que portaba una subametralladora en la vía pública y en horario de “toque de queda”

Las primeras diligencias de este caso fueron impartidas por la fiscal Sandra Ortiz a personal de la 44 Comisaría de Lo Prado.

Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

En la audiencia de formalización realizada por video conferencia, el fiscal Felipe Olivari –de la Fiscalía Centro Norte- detalló que el hecho fue cometido el domingo 29 de marzo cuando el imputado Eduardo Moya Rodríguez (de 26 años), conducía un auto por calle Los Copihues en la comuna de Lo Prado, en horario de toque de queda, siendo sorprendido por personal policial.

El imputado mantenía en su poder un revólver marca Smith and Wesson, calibre 44 milímetros, con su número de serie borrado, arma de fuego apta para el disparo, además de una subametralladora marca Intratec, calibre 9 milímetros la cual no contaba con el resorte original del disparador.

En el auto también llevaba dos cargadores metálicos de subametralladora, nueve municiones 9 milímetros sin percutir y dos caja con municiones calibre de 9 y 40 milímetros.

El imputado no tenía autorizaciones o permisos legales para el porte o tenencia de ningún tipo de arma de fuego.

Se hizo presente además que el imputado no contaba con salvoconducto que lo habilitara para encontrarse en la vía pública, ante lo cual infringió la Resolución N° 202 exenta de 21 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud, la que prohíbe a los habitantes salir a la vía pública, como medida de aislamiento, entre las 22 y las 05:00 horas, desde el 22 de marzo y por plazo indefinido, con el objeto de proteger la salud de las personas en relación a la propagación del virus Covid-19 y teniendo presente el decreto que impuso el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública.

La Fiscalía lo formalizó por los delitos de porte de arma de fuego prohibida de la Ley de Control de Armas y poner en peligro la salud pública por infracción de reglas de salubridad del artículo 318 del Código Penal.

El organismo persecutor solicitó la medida cautelar de prisión preventiva con el fundamento de que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad, medida que fue respaldada por el juzgado de Garantía.