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Atacama

 

Copiapó: Fiscalía hace llamado a la comunidad a no comprar objetos robados o de dudosa procedencia (Audio)

Esto a partir de la detención de cuatro personas que mantenían en su poder paneles solares sustraídos a empresas generadores de energía que mantienen instalaciones en la región.

Las diligencias en esta investigación están siendo dirigidas por el fiscal Marco Arenas Zeballos.

Las diligencias en esta investigación están siendo dirigidas por el fiscal Marco Arenas Zeballos.

Luego de distintas diligencias ordenadas por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Atacama (Sacfi), personal de la PDI concretó la detención de cuatro personas y la recuperación de paneles solares y baterías fotovoltaicas que fueron avaluadas en más de 12 millones de pesos.

Respecto de esta diligencia el fiscal de Sacfi, Marco Arenas Zeballos, indicó que esta unidad del Ministerio Público lleva a cabo distintas diligencias investigativas respecto de este delito, lo que ha permitido la recuperación de un número importante de estas especies que son de propiedad de empresas de telecomunicaciones y de generación de energía que operan en la región. Frente a lo cual, las personas a quienes se ha detenido manteniendo en su poder los paneles y quipos técnicos para su funcionamiento son investigadas por su responsabilidad en el delito de receptación de especies robadas.

“A partir de este trabajo investigativo, y junto con el trabajo de funcionarios de un equipo especializado de la PDI, se realizaron diligencias en el sector costero de la región, culminando con el allanamiento de cuatro inmuebles en cuyo interior mantenían este tipo de especies las que fueron recuperadas. Mientras que se concretó la detención de cuatro personas, a quienes se investigará por el delito de receptación”, dijo el fiscal.

Frente a estos hechos el fiscal hizo un llamado a la comunidad a no adquirir este tipo de elementos mediante el comercio informal, pues claramente tienen un origen de carácter ilícito por lo que el deber de la institución es perseguir penalmente a quienes incurran en la comisión de este ilícito. Esto porque esta acción judicial podría ser una forma para desincentivar la adquisición de estos productos que motiva, claramente, la comisión de delitos de robos.

 
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