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05/03/2019

Fiscalía logra condena de tecnólogo médico que abusó sexualmente de un paciente menor de edad en el Hospital de Angol

El condenado, Manuel Barría Aguilar, cometió el delito cuando la víctima, un paciente de 15 años de edad, se realizaba un electroencefalograma y permanecía en un camilla, incapacitado para oponer resistencia.

La acusación fue sostenida por el fiscal jefe de Angol, Cristián Gacitúa.

La Fiscalía obtuvo un veredicto condenatorio en el juicio oral seguido en contra del tecnólogo médico Manuel Barría Aguilar, por un delito de abuso sexual denunciado por un menor de edad, durante un examen al que era sometido  en el Hospital de Angol.

Los hechos que originaron la causa ocurrieron el 20 de febrero de 2018, alrededor de las 08:45 horas, cuando la víctima, un adolescente de 15 años, concurrió al centro asistencial para practicarse un electroencefalograma, a raíz del cuadro de epilepsia que padece desde temprana edad.  

El fiscal jefe de Angol, Cristián Gacitúa, explicó que el condenado, Manuel Barría Aguilar, quien a la fecha se desempeñaba como tecnólogo médico del hospital, cometió el delito aprovechando el estado de indefensión en que permanecía el paciente durante dicho examen.

“El tribunal, luego de conocer la prueba rendida por la Fiscalía, dio por acreditado los hechos de la acusación, que configuran el delito de abuso sexual bajo la causal de incapacidad para oponerse de la víctima, toda vez que esta estaba varios cables adheridos a su cabeza, además se encontraba acostada en una camilla, con los ojos cerrados y una privación de sueño importante”, detalló el persecutor.

En el juicio el fiscal presentó 6 testigos, entre ellos el médico jefe del servicio de neurología del Hospital de Angol, quien refirió que en 2017 el mismo tecnólogo había sido denunciado por actos de connotación sexual por un paciente adulto, también durante la realización de un examen.

El Tribunal Oral angolino fijó fecha para la lectura de sentencia para el próximo viernes, a las 13:00 hrs. 

La Fiscalía está solicitando la pena de 4 años de presidio, sujeción a la vigilancia policial durante los diez años siguientes al cumplimiento de dicha pena y 4 años de inhabilitación para empleos, oficios o profesiones  ejercidos en ámbitos que involucren una relación directa con menores de edad.