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20/12/2018

En prisión preventiva alcalde de Guaitecas tras formalización por fraude al fisco y malversación

El imputado Alvarado Oyarzo habría utilizado dineros públicos para adquisición de bienes y servicios, compra de pasajes aéreos, carga de combustible, entre otros, de acuerdo a las diligencias solicitadas en este caso a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones.

La audiencia se efectuó en el Juzgado de Garantía de Cisnes, región de Aysén.

La Fiscalía Regional de Aysén formalizó una investigación por fraude al fisco y malversación de caudales públicos contra el alcalde de Guaitecas, Región de Aysén, Cristian Alvarado Oyarzo, quien fue puesto en prisión preventiva tras solicitud del Ministerio Público.

Según lo expuesto en la audiencia de formalización por el Fiscal Regional, Carlos Palma y el fiscal jefe de Coyhaique, Néstor Gómez, el alcalde es sindicado -junto a otros funcionarios municipales- de haber defraudado al fisco en más de 340 millones de pesos, con el objetivo de obtener beneficios económicos personales, de acuerdo a las pruebas testimoniales, documentales y periciales exhibidas en la audiencia.

En ese sentido, el imputado Alvarado Oyarzo habría utilizado dineros públicos para adquisición de bienes y servicios, entre otros, de acuerdo a las diligencias solicitadas en este caso a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones.

 “Se utilizaron facturas falsas para dar cuentas de actos de adquisición de bienes y servicios que jamás habían existido, se adquirieron pasajes aéreos a personas que no formaban parte del municipio, familiares y amigos de los imputados”, comentó el fiscal Regional, Carlos Palma, quien dirige la investigación.

A la prisión preventiva del alcalde de Guaitecas, se suma la de Raúl Mansilla Barría, ex jefe de finanzas de la Municipalidad de Guaitecas y su esposa, Rosario Saldivia Calixto, ex bibliotecaria de la comuna, quienes también fueron derivados hasta el Complejo Penitenciario de Puerto Aysén, por los mismos cargos, durante el martes pasado.

El plazo para el término de las diligencias -en el caso del alcalde- fue fijado en siete meses. A la audiencia también concurrió el abogado asesor de la Fiscalía Regional, Miguel Riquelme.