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07/03/2017

Fiscalía formalizó a gendarme por vender drogas y celulares a internos de la cárcel de Valdivia

El fiscal Gonzalo Valderas comunicó al imputado que se le investiga por ingresar marihuana, pasta base y fármacos, además de teléfonos móviles y otros aparatos, que entregaba a los internos a cambio de dinero.

La Fiscalía tendrá un plazo de 90 días para investigar estos hechos.

En prisión preventiva quedó esta tarde un cabo de Gendarmería que fue formalizado por la Fiscalía Local de Valdivia por los delitos de tráfico ilícito de drogas y cohecho, debido a que ingresaba al Complejo Penitenciario de esta ciudad drogas, teléfonos celulares y trozos de sierra para cortar metal, entre otros elementos, que estaban destinados para vender a los internos.

La formalización se efectuó en el Juzgado de Garantía de Valdivia y la llevó a cabo el fiscal Gonzalo Valderas Aguayo, quien dirige la investigación, el que comunicó al imputado que se le investiga por estos hechos que cometió en su calidad de funcionario de Gendarmería.

El fiscal del Ministerio Público precisó en la audiencia que el imputado fue detenido ayer a las 8:00 horas por personal de Gendarmería en el interior de la cárcel de Valdivia, portando en un banano 40 gramos de cannabis sativa, 41 gramos de pasta base de cocaína, 24 comprimidos de Clonazepam y otros 70 fármacos, además de tres teléfonos celulares.

Además, en su vehículo particular y en un casillero que tenía asignado para guardar sus pertenencias en el recinto penitenciario, fueron encontrados 19 teléfonos móviles, cargadores de celulares, cables USB, una tablet y cinco sierras para cortar metal.

“Todos estos elementos, cuyo ingreso está prohibido por el régimen interno de la cárcel, estaban destinados a ser entregados a internos del Complejo Penitenciario a cambio de dinero, al igual que las drogas”, precisó el fiscal Gonzalo Valderas.

A solicitud de la Fiscalía, el juez de Garantía Pablo Yáñez dispuso como medida cautelar que el imputado quede en prisión preventiva, por considerar que su seguridad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El juez sugirió además que no se revele la identidad del imputado, para resguardar su presunción de inocencia, y fijó en 90 días el plazo que tendrá la Fiscalía para investigar estos hechos.