Sala de PrensaNoticias

06/09/2010

Fiscalía formalizó a nueve personas por fraude al fisco por casi 5 mil millones de pesos

La Fiscalía de Arica formalizó hoy a nueve personas, entre funcionarios públicos y ex ejecutivos de una empresa constructora, por su responsabilidad en el fraude al fisco por cerca de 5 mil millones de pesos a raíz de la doble aplicación de IVA a los trabajos de remodelación y reconstrucción del Hospital Juan Noé de esta ciudad, registrado en septiembre de 2008.

Fiscalia formalizo a nueve personas por fraude al fisco por casi 5 mil millones de pesos

En la audiencia de formalización, el Fiscal Carlos Eltit imputó a cuatro funcionarios del Servicio de Salud de Arica (SSA) en calidad de autores del delito de fraude al fisco. Estos fueron Juan Restelli Portugués, Henry Green Contreras, Enrique Carvallo Gonzalvo y Paola Prieto Hidalgo (estos tres últimos también fueron formalizados por uso malicioso de instrumento privado). Mientras que los también funcionarios del servicio Jean Pierre Foschi, Alejandro Véliz Silva, Horgher Hernández Latorre, Hugo Marín Cárcamo y Bernardo Espinoza Flores fueron imputados como cómplices de fraude al fisco.
La entonces directora del SSA, doctora Carolina Asela Araya, además de Gonzalo Marambio Alliende y Pedro Widoycovich Grozdanovich (ex gerentes de la empresa Moller y Pérez Cotapos), serán formalizados en los próximos días como autores del mismo delito. Asimismo, a los dos ex ejecutivos de la empresa también se les sumará el cargo de falsificación de instrumento privado, mientras que a la doctora Carolina Asela se le agregará el ilícito de uso malicioso de instrumento privado.

De acuerdo a los antecedentes de la investigación, se estableció que los imputados defraudaron al Estado tras aprobar y asignar la obra a la constructora Moller y Pérez Cotapos, por un monto de $31 mil 79 millones, cifra a la que se llegó tras aplicarse el IVA a la oferta que hizo la empresa de $26 mil 116 millones, pese a que su presupuesto original ya incluía ese impuesto. Esto significó que se pagara $4 mil 962 millones de pesos más de lo que correspondía.
Asimismo, se estableció que los ex ejecutivos de la empresa falsificaron y presentaron posteriormente un nuevo documento en el que se justificaban los $31 mil 79 millones, pese a que el certificado original indicaba un valor mucho menor.

Pese a que la Fiscalía solicitó prisión preventiva y otras medidas cautelares para los imputados, el Juez de Garantía Rodrigo Urrutia no decretó ninguna de ellas, fijándose un plazo de investigación de 6 meses.

* Con fecha 22 de diciembre de 2011, en audiencia celebrada ante el Juzgado de Garantía de Arica, el Tribunal tuvo por comunicada la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el  procedimiento, por cuanto durante la investigación realizada no se reunieron antecedentes suficientes para fundar una acusación.