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Fiscalía prepara entrada en vigencia de Ley de Entrevista Videograbada

La Fiscalía Nacional convocó a una reunión de coordinación al Poder Judicial, la PDI, Carabineros, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para revisar el número de salas existente en cada organismo y establecer estándares técnicos para su uso.

La Fiscalía Nacional convocó al Poder Judicial, Carabineros, PDI y el Ministerio de Justicia y DD.HH.

La Fiscalía Nacional convocó al Poder Judicial, Carabineros, PDI y el Ministerio de Justicia y DD.HH.

La Fiscalía Nacional a través de su División de Atención a Víctimas y Testigos (DAVT), convocó a la primera reunión de coordinación interinstitucional con el Poder Judicial, la PDI, Carabineros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ante la próxima entrada en vigencia de la Ley que establece un Sistema de Entrevistas Videograbadas a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves. El objetivo de la reunión interinstitucional fue revisar el número de salas especiales de entrevista existente en cada organismo y establecer estándares técnicos mínimos para su uso.

El 20 de enero se publicó la nueva normativa cuyo objetivo es evitar la doble victimización buscando compatibilizar el resguardo integral de los menores durante el proceso penal con la eficiencia judicial.  Por tanto, la grabación de testimonios podrá ser utilizada por fiscales y jueces, sin que la víctima deba comparecer en múltiples ocasiones durante el proceso penal.

En los próximos cuatro meses debe ser publicado su reglamento asociado y, a partir de entonces, se contará con seis meses más para  la entrada en vigencia de su primera etapa: Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén y Magallanes. “La vigencia  de la ley está estimada para diciembre de 2018 aproximadamente. Mientras tanto los actores involucrados debemos hacer las adecuaciones para poder implementarla, esto es, contar con salas de entrevista equipadas para la videograbación. Por ello, convocamos a la reunión de coordinación, cuyo objetivo específico era revisar en conjunto el número de salas existente en cada organismo y dónde, además de establecer estándares técnicos”, explicó Patricia Muñoz, Gerenta de DAVT.

La Ley contempla la obligación de las instituciones de compartir las salas de entrevistas, por lo que durante la reunión se revisaron las comunas y localidades donde aún ningún organismo dispone de ellas y se acordó que para la próxima cita agendada para el 6 de marzo, cada organismo deberá llevar definiciones claras respecto de dónde su institución está en condiciones de implementar.

Para enfrentar la primera etapa, la Fiscalía ya cuenta con salas de videograbación en Iquique, Antofagasta, Tocopilla, Coyhaique, Puerto Aysén, Puerto Cisne, Chile Chico, Cochrane y Punta Arenas. Y, adicionalmente, se considera la implementación de salas en Arica, Pozo Almonte, Taltal, Calama, Talca, Curicó, Porvenir y Puerto Natales. Sin embargo, el Ministerio Público ya cuenta con salas especializadas en la Fiscalía Regional y Local de Coquimbo, Ovalle, Los Vilos, San Felipe, Los Andes, Rancagua, Rengo, Pichilemu, Las Condes, Ñuñoa - Providencia, La Florida - Macul - Peñalolén, Chacabuco, Chillán, Concepción y Osorno.

Condiciones técnicas

A la reunión asistieron como colaboradores estratégicos el gerente de Informática de la Fiscalía Nacional, Oscar Zapata y la jefa (s) de la Unidad de Infraestructura, María Elena Leiva, con el objeto de aportar las perspectivas técnicas de cada sus áreas respectivas. “La instalación de salas en una región debe responder no sólo al número estimado de víctimas por atender, sino que también a las distancias involucradas que impliquen traslados complejos, la accesibilidad. Asimismo, el lugar debe  responder a ciertas características de espacio físico y en particular, debe ser compatible en cuanto a su equipamiento tecnológico con otras salas de entrevista y con los tribunales dónde estas serán exhibidas”, explicó Muñoz. Por esta razón, la División de Informática de la Fiscalía Nacional conformó una subcomisión integrada por el Ministerio Público, policías y Poder Judicial, referida específicamente al equipamiento tecnológico, fijando sesión para el próximo 31 de enero. “Se van a reunir sólo los equipos informáticos de cada institución, para ver el estándar del equipamiento y por lo tanto empezar las adquisiciones afines, que permitan que los sistemas sean compatibles entre sí, en cuanto a formatos, para que pueda ser grabado y visualizado desde cualquier otra sala o tribunal”, explicó la gerenta de DAVT.

Próximas etapas

A 18 meses de la publicación del reglamento asociado a la ley, entrará en vigencia la segunda etapa de implementación en las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. 

La última etapa debe entrar en vigencia a 30 meses del reglamento e incluirá las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Los Lagos.

 

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