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15/10/2014

Fiscalía de Chile cumple 15 años de vida (VER GALERÍA)

Ante la presencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán encabezó este miércoles el Cóctel de Honor por el 15º Aniversario de la Fiscalía de Chile.

Presidenta de la República, Michelle Bachelet y Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, en muestra fotográfica por 15 años de la Fiscalía.

Discurso del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, con motivo del Décimo Quinto Aniversario de la Fiscalía de Chile.

Introducción

Es un honor dirigirme a ustedes con motivo del Décimo Quinto Aniversario de la Fiscalía de Chile, una institución joven, si se le compara con el conjunto del aparato del Estado, pero que ha sabido responder con creces a los complejos desafíos de la instalación y consolidación de un cambio sin precedentes en nuestro sistema de justicia criminal, el cual ya está próximo a cumplir una década de vigencia en todo el país.

En pocos años pasamos de un procedimiento inquisitivo y secreto a uno acusatorio, oral y público, lo que implicó construir una nueva cultura jurídica, de cara al escrutinio de la ciudadanía caracterizada por mayores estándares de eficacia y transparencia. El Ministerio Público asumió por mandato constitucional la dirección en forma exclusiva de la investigación criminal, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de víctimas y testigos, recibiendo desde el inicio de la reforma hasta hoy más de doce millones de casos.

Tal como este Fiscal Nacional, los 3800 funcionarios y fiscales que hoy son parte de la Fiscalía de Chile, así como quienes por diferentes motivos emprendieron distintos rumbos, pueden y deben sentirse orgullosos de haber sido partícipes de estos primeros quince años de vida institucional en que hemos contribuido decididamente a la seguridad y justicia que el país demanda y merece.

Fortalecimiento

Esta conmemoración encuentra a nuestra Fiscalía en un momento de particular trascendencia para su futuro desarrollo. Hoy parece existir consenso casi unánime en la necesidad de impulsar medidas tendientes a mejorar la respuesta penal ante el sostenido aumento de los ingresos y nuevas realidades delictivas más exigentes y complejas. En este contexto, las autoridades del Poder Ejecutivo han comprometido un proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público que se hará realidad la primera quincena de diciembre de este año. Para tal efecto, junto a los Ministerios de Hacienda y Justicia, estamos trabajando en una mesa técnica que revisa la iniciativa que será despachada al Parlamento.

Junto al aumento de dotación, y la creación de equipos de análisis criminal, un lugar preponderante lo ocupan medidas de desarrollo institucional que permitirán mejorar las condiciones de trabajo de fiscales y funcionarios, que comprenden el mejoramiento de las remuneraciones de los abogados ayudantes de fiscal, el establecimiento de suplencia y subrogancia y la creación de una carrera tanto para fiscales como para funcionarios.

 A su vez, S.E. la señora Presidente de la República ha decidido presentar una reforma  constitucional que permitirá la creación de una Fiscalía de Alta Complejidad  de carácter supraterritorial para dirigir investigaciones y sostener la acción penal pública en casos de delitos especialmente complejos.

Se trata de proyectos legislativos que se complementan y redundarán, sin duda, en un fortalecimiento integral, cabal y moderno de nuestra querida institución.

Autonomía

 Por otra parte, a riesgo de caer en repeticiones, las que no se deben a que quien habla tenga alguna duda al respecto, sino a la necesidad de recordarlo siempre a quienes pueden olvidarlo o no comprenderlo cabalmente, este aniversario parece propicio para reiterar el carácter de la autonomía de la Fiscalía: Estoy convencido que representa la mejor garantía para que cada fiscal de la república cuente con independencia para investigar y llevar a la justicia, si corresponde, a los eventuales responsables de delitos, libre de cualquier clase de presiones.

Por mandato constitucional, actuamos en forma seria, imparcial, objetiva y en exclusiva búsqueda del bien común, representando en el ejercicio de la acción penal pública el interés de toda la sociedad. Esa autonomía es patrimonio de todos los chilenos y es responsabilidad de todos valorarla como componente esencial de la confianza en la justicia. Pero, además, nuestra independencia se inserta dentro de un sistema de justicia criminal y no puede, ni debe confundirse con aislacionismo.

Quienes critican  la autonomía del Ministerio Público pasan por alto que el estatus de ente autónomo que le confiere la Constitución de la República se sustenta en la defensa de las garantías de todos los ciudadanos. En efecto, como anticipé, la autonomía no es un atributo o prerrogativa de la Fiscalía de Chile, un derecho particular que le ha sido conferido, y que se ejerza desde el aislamiento o el capricho, sino que es una condición imprescindible para que los ciudadanos tengan la confianza que quien dirige exclusivamente las investigaciones penales y tiene la obligación de acusar ante la justicia cuando procede, lo haga libre de presiones, sin responder a intereses ajenos a la búsqueda del bien común y sin considerar quién sea el investigado o acusado, ni su calidad o investidura.

De hecho, algunos críticos poco serios, han acuñado hasta un “slogan” ¿Quién fiscaliza a los fiscales?, pero ignoran que, de entre los organismos que, según la Carta Fundamental, tienen autonomía constitucional, el Ministerio Público tiene –sin lugar a dudas-  la mayor cantidad de controles externos, más que –por ejemplo- el Banco Central, que el Tribunal Constitucional y que la Contraloría, empero no se dice quién fiscaliza al Banco Central o quién controla a la Contraloría a propósito del estatus constitucional que detentan esos organismos que, sobra decirlo, nos parece adecuado y necesario.

Por eso, y en relación con este tema, no podemos permitir que se instale la idea que la autonomía e independencia aludidas pueden servir como refugio para resistir al escrutinio externo.

Nada más lejano de la realidad. De hecho, en mi cuente pública del año pasado comprometí que se realizaría –previa licitación pública- una auditoría externa, la que resultó impecable. En la Cuenta Pública de este 2014 se anticipó que se haría otra auditoría externa ampliada, cuyos resultados estarán para Abril próximo. Amén de ello, actualmente, en el marco del Proyecto de Fiscalía de Alta Complejidad que se enviará, estamos  –por iniciativa nuestra- estudiando junto al Ministerio de Justicia el diseño de nuevos mecanismos que refuerzan el control interno y la supervisión externa del Ministerio Público, con fórmulas que sean compatibles con nuestro estatuto, pero que están pensadas precisamente para profundizar la transparencia y rendición de cuentas del sistema.

Sin transparencia no hay legitimidad y sin legitimidad ninguna institución puede desarrollar cabalmente su labor, pues nos debemos a la ciudadanía a la cual servimos, con vocación pública y sentido de responsabilidad social.

Persecución penal

Como expresé en mi última cuenta pública, uno de los sellos distintivos de la gestión institucional ha sido la determinación de avanzar en una política de persecución criminal enérgica que proporcione soluciones de calidad al conflicto penal y propenda a sanciones rigurosas no sólo en los delitos tradicionales de mayor gravedad, sino también en lo que aludiré a continuación.

Para la Fiscalía la corrupción es un delito que debe ser perseguido con la misma fuerza, sea que se presente en el mundo público o en el privado. En el ámbito privado es posible que se manifieste principalmente en las grandes defraudaciones que pueden llegar a afectar a miles de ciudadanos; en las violaciones de las reglas de la libre competencia, como ocurre con la colusión; y también en los delitos medioambientales, cuando el interés particular es puesto por sobre el colectivo, sin respeto al cuidado de la naturaleza como un bien común.

En la persecución penal de los llamados delitos de cuello blanco el Ministerio Público está cumpliendo un importante rol más allá de la persecución penal mandatada por la ley. Es así como la Fiscalía impulsa actualmente mejoramientos sustanciales a la legislación que sanciona estas prácticas, reconociendo la insuficiencia de la que hoy existe. Nos asiste la convicción que en esta materia contamos con un marco penal limitado y que, como país, el combate a la corrupción pública o privada necesita avances significativos.

 Es así como proactivamente estamos involucrados en la discusión de esta temática tanto a nivel prelegislativo como en las discusiones sobre proyectos de ley que se llevan adelante en el Congreso. En el aspecto previo al debate parlamentario podemos reseñar la participación de la Fiscalía en varias mesas de trabajo técnico, como la que llevamos adelante junto al Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Justicia para avanzar en el perfeccionamiento de la sanción a los delitos medioambientales; o el trabajo que estamos realizando junto al Ministerio de Economía para entregar propuestas que permitan  reducir las  lagunas de impunidad en los delitos económicos.

En lo legislativo nos encontramos colaborando activamente con la Comisión de Constitución de Legislación y Justicia del Senado, para avanzar en la penalización de las formas más graves de los atentados contra la libre competencia. En materia de lavado de activos hemos participado entregando nuestro punto de vista técnico en la próxima dictación de una ley que amplíe sustancialmente el rango de delitos que permiten el  lavado de dinero y facilite el flujo de información entre organismos públicos, con el fin de detectar tempranamente aquellos movimientos que sugieran la ocurrencia de este particular delito.

En los últimos meses la comunidad nacional ha manifestado su preocupación  por la ocurrencia de una serie de hechos delictivos que pueden ser enmarcados en el repertorio de conductas terroristas. Se ha suscitado un amplio debate sobre si el Estado cuenta con las herramientas legales para combatir hechos delictuales de esta naturaleza y en ese contexto como representante del Ministerio Público concurrí el 7 de agosto de este año exponer la posición institucional ante la comisión asesora del Ministerio del Interior que analiza los cambios a la Ley 18:314.

 En la ocasión hicimos entrega de recomendaciones concretas referidas a la caracterización legal del terrorismo, las técnicas especiales de investigación que necesita la ley y aspectos fundamentales para la debida protección de víctimas y testigos en estos casos.

 Junto a lo anterior nuestra actividad en la persecución penal de este delito sigue adelante con dedicación y profesionalismo, con el debido respeto a las garantías de imputados y especial preocupación por el bienestar de las víctimas. 

Por último, en relación al narcotráfico, en julio de este año suscribimos un convenio con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros y la PDI para abordar la desarticulación de organizaciones de criminales y la reducción de las redes de microtráfico. Mediante la conformación de una mesa nacional y mesas regionales, hacia fines de año habremos logrado avanzar hacia un primer diagnóstico interinstitucional del tráfico de drogas, que permitirá una adecuada planificación del trabajo de corto, mediano y largo plazo, contribuyendo a que la persecución en esta materia permita disponer de herramientas científicas para el direccionamiento de los recursos y esfuerzos, única forma de hacer un trabajo efectivo y duradero en esta sensible materia.

Víctimas y Testigos

En lo que respecta a la protección de víctimas y testigos, el rol constitucional que se nos ha entregado implica para nosotros un deber y obligación permanente. Así es como hemos hecho llegar nuestras observaciones a la discusión que lleva adelante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, en orden a crear un nuevo artículo 308 bis del Código Procesal Penal, que regula la protección de las víctimas que declaran en la audiencia de juicio oral.  Sin perjuicio de compartir en términos generales la idea de regular esta materia, consideramos relevante entre otros aspectos, proponer que los tribunales concedan la medida de protección para la declaración de niños, niñas y adolescentes en salas contiguas especialmente habilitadas cada vez que el fiscal lo solicite, en concordancia con lo dispuesto en  el Auto Acordado de la Ecxma. Corte Suprema  de fecha 3 de junio de 2014 que regula la implementación y uso de una sala especial para la declaración de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de un delito.

Creemos que medidas como esta, sumadas a la regulación de la entrevista videograbada cuya tramitación legislativa empezó en enero de este año, son especialmente necesarias para la debida protección de nuestros niños, niñas y adolescentes cuando deben ser parte del proceso judicial. Por nuestra parte, como ente persecutor estamos impulsando un amplio plan de capacitación a nuestros fiscales en lo referido a la entrevista investigativa de niños, niñas y adolescentes, basado en las mejores prácticas recopiladas a nivel internacional.

Cultura de servicio

 En estos 15 años de vida, el Ministerio Público ha ido construyendo una cultura de servicio hacia las personas que tiene su mayor expresión institucional en el Sistema de Información y Atención a Usuarios, SIAU, cuya implementación a nivel nacional concluye este año. Sus tres plataformas de comunicación –telefónica, presencial y virtual- permiten a víctimas, intervinientes y abogados de una causa penal, obtener información sobre la carpeta investigativa, solicitar entrevistas con el fiscal o nuevas diligencias, entre otros requerimientos. Sin embargo, todos los avances en modelos de atención no estarán completos hasta que el Ministerio Público sea percibido cabalmente como una institución de servicio público por la ciudadanía. Este es hoy nuestro mayor desafío y lo asumimos con la convicción que nuestros fiscales y funcionarios está comprometido en brindar la mejor atención posible a los ciudadanos que requieren de nuestra acción.

Este mensaje lo queremos transmitir muy decididamente en el evento ciudadano con que el 27 de octubre próximo presentaremos ante nuestros compatriotas el objetivo cumplido de dotar a nuestras 120 fiscalías locales y unidades ejecutoras del país de un servicio estandarizado para la atención de usuarios. Así, cualquier persona que concurra a una fiscalía, desde Putre a Porvenir, tendrá la garantía de acceder a la misma información y servicios de nuestra institución, compromiso que asumí hace siete años cuando inicié mi período como Fiscal Nacional y que quedó reflejado en el Plan Estratégico que orienta actualmente el trabajo del Ministerio Público.

Palabras finales

Para terminar, quiero reiterar mi orgullo por presidir esta institución, a 15 años de su creación. Parafraseando al tango de Gardel y Le Pera, podría decir que 15 años no es nada; pero ello no es cierto –más allá que efectivamente las nieves del tiempo platearon mi sien-, porque en estos 15 años si se creó, creció y se ha consolidado nuestro Ministerio Público, que hoy está entrando –decididamente- en su vida adulta.

Finalmente, agradezco a los Fiscales Regionales, a los Directivos de Regiones, a cada uno de los fiscales y funcionarios de la Fiscalía a lo largo de todo Chile, y a los equipos Directivos de la Fiscalía Nacional.

Asimismo, debo agradecer a todos ustedes su presencia y apoyo; y muy especial y sinceramente agradecer a S.E. la sra. Presidenta por su permanente comprensión del rol y misión que tiene la Fiscalía y, no obstante sus múltiples responsabilidades y compromisos, habernos acompañado hoy aquí.

Muchas Gracias a todos