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07/10/2014

Atentados Explosivos: Tribunal accede a pericias solicitadas por Fiscalía Sur

Corresponden a exámenes antropomórficos, psicológicos y psiquiátricos a los tres imputados.

Audiencia de presentación de argumentos para pericias

Tras intensos alegatos liderados por la Fiscalía Metropolitana Sur, el magistrado Rene Cerda del 15 Juzgado de Garantía de Santiago, autorizó la realización de exámenes corporales, psicológicos y psiquiátricos a los tres imputados por atentados explosivos Nataly Casanova,  Juan Flores y Guillermo Durán..

Así, se accedió a la realización de pericias Antropomórficas, psicológicas y psiquiátricas, y aunque la Defensoría solicitó de inmediato la anulación procesal de lo resuelto, esto fue rechazado por el magistrado condenandola en costas.

"Estos exámenes corporales a los imputados tiene por objeto establecer la participación en los hechos por los cuales se sigue esta investigación, y también respecto del esclarecimiento de otros hechos, respecto de los cuales algunos de ellos aún no están formalizados. En segundo lugar se han solicitado exámenes siquiátricas y sicológicos, para efectos de determinar la presencia de algún tipo de patología, y otras circunstancias que son relevantes en esta investigación, y particularmente evitar que con posterioridad, se vaya a revelar alguna alteración mental, que no sea develada oportunamente", explicó el Fiscal Regional Sur, Raúl Guzmán.

Los exámenes corporales serán realizados por peritos del Laboratorio de Carabineros (LABOCAR) y los psicológicos y siquiátricos por peritos del Servicio Médico Legal (SML).

"Cuando nos encontramos frente a figuras de conductas terroristas, existe una motivación que es el ánimo de provocar temor, y dentro de los antecedentes que se pueden recavar, esta diligencia puede invocar esta situación y determinar si existen patologías que pueden influir en ello", dijo Guzmán.

La solicitud fue fundamentada en la audiencia por el Fiscal Regional, Raúl Guzmán y el Fiscal preferente, Claudio Orellana, a lo que se sumaron como querellantes, el Ministerio del Interior, la Municipalidad de Las Condes y Metro.